Punto Noticias.- Gina Benavides, defensora del Pueblo, señaló que cinco de las ocho medidas cautelares que dictó un juez de Latacunga para precautelar la vida del exvicepresidente, Jorge Glas, se están cumpliendo; sin embargo recalcó que sí es preocupante la calidad del agua que estuvo cuestionada desde que se construyó el Centro de Rehabilitación Social en Latacunga y otras falencias estructurales que afectan al resto de personas privadas de libertad.
Este caso nos devela falencias estructurales, si el señor Glas dice que efectivamente no quiere estar ahí porque hay condiciones infrahumanas, nos está diciendo que el Centro de Rehabilitación de Latacunga no es un lugar digno, no solo para él sino para esas cinco mil personas. ¿Cómo bajo condiciones de indignidad se puede rehabilitar una persona, cuestionó.
La Defensoría del Pueblo fue llamada a realizar un seguimiento a las medidas cautelares que ordenó un juez de Latacunga, que conoce el recurso de habeas corpus que planteó la defensa de Jorge Glas, y estás son:
- Garantías de asistencia médica
- Abastecimiento de medicamentos al Centro Médico Primario
- Facilidades para que los medicamentos que él necesita y que no tenga en Centro, vengan de fuera
- Asistencia de médicos de manera permanente en la cárcel con los dos médicos que se encuentran en el Centro de Rehabilitación Social.
- Dejar que expertos del Hospital Carlos Andrade Marín también lo chequeen
- La celda debe ser sometida a procesos de limpieza diarios
- Se dispone que el comisario de salud y un representantes del Gobierno Provincial de Cotopaxi que vaya al centro y haga un análisis de la calidad de agua
- Debido a una posible extorsión a la que puede ser sometido Glas por parte de otros detenidos se dispone que dos guías penitenciarios y dos policías lo acompañen
Benavides señaló que la Defensoría visitó el 30 de octubre y el 1, 6 y 7 de noviembre el exsegundo mandatario, fechas que permitieron realizar un informe en el que se determina que tres de las ocho medidas no se están cumpliendo.
En ese sentido dijo que es preocupante que el agua no sea de calidad, ya que Glas está en huelga de hambre y en su salud tendría consecuencias. Más allá de ello manifestó que son cinco mil personas privadas de libertad que están siendo vulneradas por este tema.
Este caso pone en debate lo que se necesita discutir y devela la necesidad de preservar la vida y la dignidad.
Recordó que precisamente en la Constitución de 2008 se manda a que los Centros de Rehabilitación Social deben tener al menos un juez de garantías penales, algo que Latacunga no tiene pese a tener cinco mil detenidos.
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