Esta lógica de ‘austericidio’ solo ha logrado un deterioro en servicios básicos como la seguridad o la salud, muy posiblemente con la intención de privatizar estos sectores.
La economista Wilma Salgado señaló que la tal urgencia económica, por la que el Gobierno busca justificar sus decretos-ley, no existe pues ni siquiera los ministerios han ejecutado sus presupuestos.
“El Ministro de Finanzas no entrega recursos a los ministerios y no pueden ejecutar y eso golpea a la economía de las familias”
Aunque el decreto-ley reforme temas tributarios y aumente los deducibles para el pago del impuesto a la renta, beneficiando ante todo a las clases medias, esto no será suficiente para reactivar la economía, si el mismo régimen no ejecuta su propio presupuesto, dijo Salgado.
“El Gobierno defiende los intereses económicos de sus grupos y los banqueros tenedores de la deuda pública”.
Además enfatizó que el verdadero interés del régimen es aumentar la reserva monetaria, para así garantizar el pago del servicio de deuda.
“De hecho en el 2022 las utilidades del sistema bancario incrementaron al 48%, mientras la población se debate en la angustia económica, en la falta de empleo y por eso la migración masiva”.
Salgado aseveró que el Gobierno sigue en la misma línea, guardando el dinero en el exterior sin generar ninguna rentabilidad y esto le permite quedar bien con el Fondo Monetario Internacional y con las multilaterales, mismas que están preocupadas por los intereses de los tenedores de deuda pública.
“Al Gobierno no le importa la situación de la mayoría ecuatoriana sino que le interesa cumplir con los objetivos que le llevaron al poder, de asegurar la rentabilidad de su grupo económico y de los tenedores de deuda”
Además, Wilma Salgado resaltó que esta lógica de ‘austericidio’ solo ha logrado un deterioro en servicios básicos como la seguridad o la salud, muy posiblemente con la intención de privatizar estos sectores.
“Se busca deteriorar la imagen del sector público con el objetivo de presionar para que los servicios públicos sean transferidos al sector privado”.