Adelantó que se está trabajando en nuevos decretos económicos urgentes, uno de ellos tiene que ver con generar un aporte para contar con recursos para cubrir desastres naturales.
Jorge Benavides, subsecretario Jurídico de la Presidencia, señaló que si bien no hay límite de tiempo para que la Corte Constitucional resuelva sobre los decretos-ley enviados desde el Ejecutivo, es fundamental que los jueces se pronuncien con celeridad, pues caso contrario se desnaturaliza su calificativo de “económicos urgentes”.
“Cuando se disuelve la Asamblea, el Presidente tiene la facultad de enviar temas urgentes necesarios y prioritarios de cara a enfrentar una situación económica adversa”.
También explicó que el primer decreto tiene incidencia en los tributos y busca poner el dinero en los bolsillos de la gente, generar consumo y por ende reactivar la economía, por tanto sí hay justificación y urgencia económica.
“Las autoridades del SRI señalaron que esta medida supone la baja del impuesto a la renta a partir de las cargas familiares. Otorgando un alivio de USD 200 millones enfocado en el consumo”.
Aclaró que la Corte no puede determinar si el decreto-ley es urgente o cumple el carácter de económico, pues su rol debe enfocarse en revisar que la norma no afecte derechos protegidos o que contenga la motivación.
“En consecuencia la calificación de urgencia es facultad del Presidente. Esperamos que la Corte Constitucional de manera adecuada y tiempo célere pueda pronunciarse para dar respuesta a temas urgentes, de cara a la reactivación en Ecuador”
Adelantó que se está trabajando en nuevos decretos económicos urgentes, uno de ellos tiene que ver con generar un aporte para contar con recursos para cubrir desastres naturales como el ocurrido en Esmeraldas y otros en productividad y generación de empleo de calidad: “Respetando los derechos constitucionales de los ecuatorianos”.
En entrevista con FM Mundo, Jorge Benavides reconoció que estas normas podrían ser derogadas por la próxima Asamblea que se elija el 20 de agosto de 2023, sin embargo subrayó que se hace necesario generar norma para reactivar la economía, mejorar la productividad y dar facilidades para el crecimiento de los territorios.
“Es un proceso inédito porque no hemos tenido este escenario de disolución de Asamblea”.