Es una de las propuestas que realiza entre las objeciones al proyecto de Ley de las Finanzas Públicas.
Punto Noticias. La Asamblea Nacional tiene en su poder el veto parcial del Ejecutivo a 16 aspectos del proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que remitió este lunes 15 de junio de 2020.
Entre las objeciones, el Gobierno Nacional plantea reestructurar el cumplimiento de la regla fiscal de la relación deuda-Producto Interno Bruto (PIB), para lo cual propone que el indicador al año 2025 sea hasta del 57%. Es decir, el régimen gubernamental podrá endeudarse hasta en el 57% del PIB.
Para 2030 deberá bajar al 45% y para 2032 y en adelante deberá ser inferior al límite legal del 40%. El establecimiento de estas metas intermedias en el proceso de convergencia del endeudamiento público, hacia el cumplimiento del límite legal, brindan certezas y disminuyen el riesgo de discrecionalidad en la gestión fiscal en el futuro, señala el documento.
El Ejecutivo argumenta que estos cambios se relacionan con la necesidad de ajustar el proceso de transición, para que exista una trayectoria de este indicador coherente con el escenario económico actual (caídas de precios del petróleo, de ingresos y del PIB).
Además, el veto parcial propone dos modificaciones en las transacciones de títulos valores entre instituciones públicas, como las relacionadas con bonos y notas del Tesoro Nacional. Para ello, se dispone la entrega inmediata y gratuita de esta información a las bolsas de valores, para que su registro permita la construcción de vectores de precios y curvas de rendimientos con todas las transacciones del mercado. Con el fin de fortalecer la transparencia, arguye.
El documento plantea dos precisiones sobre el proceso de transición para la reducción de los actuales Certificados de Tesorería, para que pueda ser ejecutado de manera técnica, viable y coherente con el escenario económico actual que vive el Ecuador.
De acuerdo con el documento oficial, los 10 cambios restantes que se incluyen en la objeción presidencial se relacionan con aspectos de forma de los textos aprobados por el Legislativo, relacionados con terminologías, precisiones legales y técnicas.
Específicamente, lo que se pide es homologar la redacción de los artículos de la ley referentes a planes y programas de inversión y preservación de capital, reformas adicionales al Presupuesto General del Estado durante su ejecución y presupuestos de las instituciones públicas, apunta el boletín.
Según el Gobierno, el proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas ratifica la independencia de la seguridad social y de los gobiernos autónomos descentralizados.