Criterios divididos entre la oposición y el Gobierno sobre la legitimidad de convocar a muerte cruzada recaen en la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional está a la espera de un nuevo informe para admitir el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, que será presentado por los dos jueces designados, Richard Ortiz y Alí Lozada, quienes deberán elaborar conjuntamente un proyecto de dictamen.
Dicho proyecto será presentado al Pleno de la Corte, que tomará una decisión, mañana, miércoles 29 de marzo.
Los opositores del presidente Lasso y los miembros de su gobierno debaten sobre los escenarios que se abrirán tras esta decisión, especialmente sobre la posibilidad de que Lasso invoque la disolución de la Asamblea Nacional, conocida como muerte cruzada, prevista en el artículo 148 de la Constitución.
La muerte cruzada permitiría que el presidente Lasso gobierne durante seis meses con decretos previamente aprobados por la Corte Constitucional.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, señaló en una entrevista para un medio local que el jefe de Estado no descarta la posibilidad de aplicar este recurso constitucional y resaltó que su implementación depende únicamente del Presidente.
Cucalón destacó que este mecanismo legal no será utilizado inmediatamente después de que la Corte emita su dictamen.
«Sea cual fuere su dictamen, a favor o en contra del proceso de juicio político, el Gobierno respeta y respetará esa decisión. Eso es vivir en un Estado de derecho, eso es vivir en democracia», indicó.
La interpretación de varios asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) es que la muerte cruzada no se aplica en medio del proceso de juicio político que se está llevando a cabo contra el Presidente.
Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), se pronunció al respecto en el plantón realizado frente a la Corte Constitucional.
🔴#ATENCIÓN | Por la vía que sea (la muerte cruzada o el juicio político) la decisión está en manos de la Corte Constitucional, señala Leónidas Iza. pic.twitter.com/uE7yvWiyfW
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) March 28, 2023
Uno de los argumentos recogidos por Iza es que según consta en el artículo 148 de la Constitución, «el Presidente de Ecuador podrá disolver la Asamblea cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional».
Algo que según el líder indígena pondría en manos de la Corte como máximo organismo interprete de la Constitución permitir, o no, que el presidente aplique este recurso.
Frente a la postura de las organizaciones indígenas de ejercer su legítimo derecho a la protesta en el caso de declararse la muerte cruzada, Cucalón calificó a Iza como un «autócrata» y resaltó que quiere «tomar la Constitución como estropajo y utilizarla a su antojo».
En el caso de que el juicio avance hasta la Asamblea Nacional, la defensa del Presidente está lista «siempre ha estado lista», enfatizó Cucalón refiriéndose a la defensa política y jurídica en el Legislativo.
El ministro Cucalón descalificó el pedido de juicio político impulsado por la comisión encargada de fiscalizar el caso El Gran Padrino, llamándolo «cuasi sainete» lleno de imprecisiones, y destacó que en la Asamblea muchos de los legisladores que firmaron el informe original no suscribieron la solicitud, por lo que dijo que no se debe dar por sentado nada.