El Ejecutivo debe enviar una terna, la cual debe ser analizada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Punto Noticias.- El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, está con funciones prorrogadas, pues hasta finales de julio ya se debía designar a su reemplazo.
Salvador fue posesionado por la Asamblea Nacional el 31 de julio de 2018 para un período de cuatro años, conforme lo determina el artículo 235 de la Constitución. Reemplazó a Diego García que renunció en enero de ese año.
El artículo 236 de la Constitución establece que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) nombrará a la Procuradora o Procurador General del Estado, de una terna que enviará la Presidencia de la República. Sin embargo, hasta el momento, este tema no ha sido analizado al interior de la entidad.
El pasado 25 de julio, la consejera Sofía Almeida, quien fue removida de su cargo de presidenta del Consejo de Participación Ciudadana en febrero de este año por parte de una nueva mayoría liderada por el consejero Hernán Ulloa, comentó que no se ha avanzado en este proceso como en otros de designación de autoridades.
Ese día, en entrevista con Radio Pichincha, aclaró que en una sesión ordinaria le increpó a Ulloa el no haber enviado una solicitud al presidente Guillermo Lasso para empezar el proceso de selección del procurador.
Sostuvo que le da una percepción de que el propio Ejecutivo no quiere que se elijan a las autoridades, a pesar de que cuenta con una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana.
El consejero David Rosero también compartió esa idea, ya que el procurador Salvador debía cumplir sus funciones hasta julio y hasta hoy (02 de agosto) no se ha remitido la terna.
Cabe recordar que la Procuraduría es un organismo público, técnico jurídico, a cuyo titular le corresponde la representación judicial y el patrocinio del Estado, así como de sus instituciones, el asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante.
Es con este antecedente que a Rosero le inquieta cómo se resolverá el caso de Perenco, empresa petrolera a la que el Estado ecuatoriano deberá pagar un laudo.
Precisó que como abogado del Estado le corresponde al procurador defender los intereses del país, más aún cuando se anunció sobre un congelamiento de activos por parte de entidades bancarias de Luxemburgo ante una orden judicial.