La legisladora interpelante Viviana Veloz denunció cabildeos para evitar que los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) sean censurados y destituidos.
Investigación.- El juicio político por presunto incumplimiento de funciones en contra de la expresidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado; del actual titular del organismo, Fausto Murillo; y de los vocales Ruth Barreno y Juan José Morillo se acerca a la recta final.
En medio de escándalos y polémicas, se destapó una serie de irregularidades en las que no solo estarían involucradas las autoridades de la Judicatura, sino jueces, notarios y hasta funcionarios del Gobierno de Guillermo Lasso.
El asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), Luis Almeida, denunció que el Gobierno busca votos para evitar la destitución de los vocales de la Judicatura, mediante una supuesta oferta de cargos. Y para eso se pretende la restitución de Guadalupe Llori al cargo de presidenta del Legislativo.
Señaló que por más de 30 años se han dado problemas en la justicia, pero que ahora son más evidentes las órdenes que se imparten a los jueces.
Dijo que el PSC votará a favor del juicio político contra los integrantes de la Judicatura, porque están “cansados de la industrialización de la extorsión”. Aunque, los votos dirimentes estarían en manos de los legisladores de la Izquierda Democrática (ID) que aún no tienen una postura definida. Sobre todo, cuando la Comisión de Fiscalización no aprobó el informe que recomienda el archivo del juicio y está pendiente un informe de posiciones de los integrantes de la mesa legislativa, con la que el presidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela, convocará la próxima semana para que en el Pleno se decida la situación de los vocales del CJ.
Las denuncias sobre la “metida de mano en la administración de justicia” se evidenciaron al interior de la Comisión de Fiscalización que dio paso al pedido de juicio interpuesto -en febrero de este año- por la asambleísta Viviana Veloz, de Unión por la Esperanza (UNES).
La causa es el supuesto incumplimiento de funciones en la evaluación y destitución de jueces de la Corte Nacional de Justicia en 2019, así como la irregular designación de conjueces temporales y no designación de fiscales en los últimos tres años.
La asambleísta interpelante recurrió como principal carga de prueba a la sentencia de la Corte Constitucional (CC) en la que se concluyó que el reglamento aprobado en 2019, para evaluar a los jueces, fue inconstitucional. A su criterio, dicha evaluación careció de legalidad, los vocales se arrogaron funciones y se violentó la independencia judicial.
En el marco de este proceso aparecieron audios que dan cuenta de la intromisión y que involucran al vocal Juan José Morillo como la persona que mediaba.
En uno de ellos, Morillo menciona al presidente de la República, Guillermo Lasso. En un extracto, el vocal del CJ dice que el mandatario le llamó personalmente para que interceda por Guadalupe Llori, quien presentó una acción de protección para regresar a su cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, luego que el 31 de mayo, con el voto de 81 asambleístas, fue destituida.
El audio se filtró en junio pasado y según La Posta (medio digital que lo hizo público), en el diálogo participaron la vocal Barreno y el juez Gustavo Ocejo, a cargo de la apelación de la acción de protección presentada por Llori.
Enseguida, el Gobierno reaccionó e indicó que el mandatario no ha conversado con ningún funcionario de la Judicatura para que interceda por la extitular de la Legislatura.
https://twitter.com/LaPosta_Ecu/status/1537074424230432768?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1537074424230432768%7Ctwgr%5Ebb78fcea57a312804fc70bd8c56f28d0e5044720%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fconfirmado.net%2F2022%2F06%2F15%2Faudios-comprometen-a-presidente-lasso-gobierno-deslinda-responsabilidad%2F
En otro audio nuevamente salta el nombre de Morillo, pero también involucra al vocal Xavier Muñoz, quien no forma parte del proceso de juicio político.
Morillo señala a Muñoz como el encargado del reparto de Notarías y Juzgados, así como de realizar un concurso en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para dar espacio a la gente.
🔴 #ATENCIÓN | Se reveló un nuevo audio filtrado de los vocales del @CJudicaturaEc sobre un presunto reparto de cargos en juzgados y notarías.
🎥 / @notimundoec. pic.twitter.com/lEq52WR27q— Radio Pichincha (@radio_pichincha) July 16, 2022
Durante su intervención en la mesa legislativa, Veloz alertó que “la justicia está secuestrada”. Denunció que en los pasillos de la propia Asamblea Nacional se respira un aire de reparto de Notarías y Direcciones Provinciales a cambio de votos para no censurar y destituir a los vocales de la Judicatura.
“¿Será quizá la moneda de cambio para evitar la censura y destitución de los vocales de la Judicatura? Ya lo veremos…”, publicó en su cuenta de Twitter.
https://twitter.com/VivianaVeloz18/status/1559896975608348679?t=ptHhOVFVJ-aygJfPLYSAaA&s=08
La Ley Orgánica de la Función Judicial, en el artículo 85, determina que para destituir y censurar a los miembros del Consejo de la Judicatura se requiere de una mayoría calificada, correspondiente a las dos terceras partes de los 137 legisladores. Es decir, 92 votos.
Mientras, el artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial aclara que los vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces, fiscales y defensores que violen su independencia judicial.
A inicios de agosto, cuando fue consultado por los medios de comunicación sobre los audios que se viralizaron y que denotan intromisión en el sistema judicial, el presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, dijo que “no puede dar un juicio de valor sobre un tema que está judicializado”.
El legado de Moreno y Trujillo en el CPCCS es una profunda crisis institucional agravada por no investigar la corrupción de @LassoGuillermo y prestarse a sus caprichos. Iniciaremos juicio político a vocales del Consejo de la Judicatura por someternos a una #JusticiaSecuestrada. pic.twitter.com/a9uVjyScb6
— Ana María Raffo G. (@anaraffo1) August 4, 2022
Por otro lado, el audio en el que Morillo habla de que se beneficie a Llori no es parte del proceso ni tampoco las críticas al Consejo de la Judicatura por suspender al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien luego fue reintegrado al cargo y la Judicatura tuvo que pedirle disculpas públicas.
Todo esto motivó a que al interior de la Judicatura se preparen insumos como: tuits, videos y comunicados hasta de organismos aliados para la defensa de los vocales. La acción fue coordinada por Nina Andrea Osorio Villavicencio, sobrina del asambleísta Fernando Villavicencio, quien ejerce el cargo de subdirectora nacional de Información y Promoción Institucional de la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura.
El legislador preside la Comisión de Fiscalización en la que se dio trámite al proceso de juicio político a los vocales del CJ. Para él, el meollo del juicio político fue querer invalidar el proceso de evaluación de jueces de 2019. Los cuales se convirtieron en la “pistola” de Rafael Correa.
En un video institucional en el que se ve a Murillo compareciendo ante la mesa legislativa se habla de “7 falacias del juicio político”. Entre las principales, se hace referencia a la sentencia 27-19 IN de la Corte Constitucional. Sobre ella, Murillo expuso que la Judicatura jamás incumplió funciones y que a los jueces se los removió.
Con eso, el titular de la Judicatura manifestó que los jueces estaban cesados del cargo, pero podían participar en otros concursos.
Añadió que se hizo caso al exhorto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio porque fue producto de la decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta popular del 4 de febrero de 2018 que le concedió facultades extraordinarias al Consejo para evaluar el desempeño de las autoridades.
El funcionario aseveró que la independencia judicial corre peligro, porque cesados los vocales del Consejo de la Judicatura se rompería la institucionalidad que se generó a partir de la consulta popular de 2018.
“No somos políticos y no cederemos a presiones políticas. Estorbamos porque quieren a un CJ que puedan manipular para poner a jueces de bolsillo”, exclamó.
Precisó que los jueces que no pasaron la evaluación en 2019 no cumplían su misión constitucional de administrar justicia, sino que se prestaron para perseguir a quienes no pensaban igual.
Las 7 falacias del juicio político al Consejo de la Judicatura.#CumplimosConElPaís pic.twitter.com/6GJdt9plPa
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) August 16, 2022
El Presidente del #CJ sostuvo que los jueces que no pasaron la evaluación en 2019 no cumplían su misión constitucional de administrar justicia, sino que se prestaron para perseguir a quienes no pensaban en la misma línea de quienes tenían la hegemonía política de ese momento. pic.twitter.com/R3Nc0cZ6Jl
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) August 18, 2022
En este punto, Veloz aclaró que -incluso- los propios testigos de la Judicatura han comentado que una resolución o exhorto no está sobre la Ley.
🔴#ATENCIÓN | La legisladora @VivianaVeloz18, interpelante del proceso, señaló que los propios testigos de la Judicatura han señalado que una resolución o exhorto no están sobre la Ley. 🗣️"No tan podido desvirtuar las pruebas que presentamos", agregó. pic.twitter.com/qIbRiWhW9e
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) August 10, 2022
Mientras, el vocal de la Judicatura, Juan José Morillo, que fue elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de una terna de la Defensoría Pública, como parte de su exposición de las pruebas de descargo dentro del proceso del juicio político, reveló que USD 9′184.346 debe cancelar el Consejo de la Judicatura a servidores judiciales que demandaron la afectación a sus derechos, desde la administración de Benjamín Cevallos, pasando por la de Paulo Rodríguez, Gustavo Jalkh, Marcelo Merlo y María del Carmen Maldonado.
Morillo, quien asumió el cargo de vocal del CJ el 29 de enero de 2019 y se desempeñó como coordinador general de Relaciones Internacionales del Cpccs Transitorio presidido por el ya fallecido jurista Julio César Trujillo, ubicó a Jalkh como el exfuncionario con mayor número de juicios: 54 en total que le generan a la Judicatura un pago de USD 5’457.947.
El vocal expresó que estos valores responderían, en su mayoría, a procesos judiciales iniciados por la aplicación de la figura del dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable a los jueces.
El vocal Juan José Morillo señaló que debido a destituciones que se realizaron en administraciones anteriores, el #CJ ha pagado fuertes sumas de dinero en indemnizaciones. "Esto ha mermado el presupuesto del #CJ".#CumplimosConElPaís pic.twitter.com/LhijnkLTX2
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) August 14, 2022
En entrevista con Radio Pichincha, Jalkh ya advirtió -en mayo- que en Ecuador se está presionando mediáticamente a los jueces y que se busca interferir en el ámbito jurisdiccional.
📻#AquíLoDijimos | En el #Ecuador se está presionando a los jueces mediáticamente o interfiriendo en el ámbito jurisdiccional, dice Gustavo Jalkh, expresidente del @CJudicaturaEc ⬇️ pic.twitter.com/5juZHs77mU
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) May 5, 2022
A pesar de que con fecha 26 de julio de 2022 se solicitó vía correo electrónico al Departamento de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura una entrevista con las autoridades esta no ha sido atendida, pues no quieren ahondar más en el tema, solo esperar a que llegue el juicio político.
Mientras, el pasado 22 de agosto, se difundió otro video con la supuesta voz de Morillo. En él, mencionó que va a nombrar a al menos 20 jueces para la Corte Nacional de Justicia
LOS PATRIMONIOS DE LOS VOCALES DEL CJ
En tres años, Fausto Murillo redujo su patrimonio, según información de la Contraloría General del Estado. Su primera declaración patrimonial, con fecha 29 de enero de 2019, fue por USD 329.180. Mientras que, la correspondiente al 2022 alcanzó los USD 285.879 de patrimonio.
Esto, a pesar de que el sueldo anual de un presidente de la Judicatura es de USD 58.428. Mientras, los vocales reciben un sueldo anual de USD 51.396.
Por su parte, el patrimonio de Juan José Morillo Velasco alcanza los USD 86.286. Sin embargo, la última declaración de este año refleja un ingreso bruto de USD 109.480.
En el caso de Ruth Barreno, quien antes se desempeñaba como fiscal, su patrimonio declarado en 2019 fue de USD 663.389 y al 2022 llegó a los USD 343.150.
Finalmente, la expresidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, declaró USD 2’203.882 en 2019. Sin embargo, en ese mismo año, volvió a declarar su patrimonio por segunda ocasión con un monto de USD 671.509,74.
Solo USD 1’702.636 corresponden a derechos y acciones reportados en 1979. Y su última declaración como fin de gestión la reportó el 02 de febrero de este año, con un patrimonio de USD 748.841,20.