Tres años de sequía terminaron por dejar a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en una situación de emergencia con respecto al suministro de agua. La grave escasez llevó al anuncio del corte en la distribución, lo que ha generado una escalada inflacionaria en el precio del agua embotellada, con aumentos de hasta el 577 % y también se han revalorizado las bombas de agua y los grandes recipientes para almacenarla y transportarla, como los desinfectantes de conservación.
La ciudad tiene más de tres millones de habitantes, lo que genera un estado de alerta y preocupación muy importantes, ya que se ven afectadas la agricultura, el turismo y todos los negocios. De no revertirse la situación en abril la ciudad podría quedarse completamente seca.
No hubo medidas de previsión que permitieran ir morigerando los efectos del consumo desmedido de agua y ahora no se encuentran soluciones. Se denuncia el uso político de esta situación, ya que Cabo Occidental y Ciudad del Cabo son gobernadas por el partido opositor Alianza Democrática y solo se ocuparon de denunciar y señalar al gobierno central como responsable de la falta de agua, pero no actuaron para prevenir la posible catástrofe.
La ministra de Agua y Saneamiento, Nomvula Mokonyane, fue la encargada de desmentir la supuesta indiferencia del gobierno nacional de este asunto y reveló los encuentros que se vienen realizando entre los distintos niveles de gobierno para mitigar esta situación, creándose el Comité de Restricción y el Centro de Operaciones Conjuntas.
La ministra también indicó que a nivel nacional se trabaja junto a los sectores privados, expertos y académicos en el proyecto Water Indaba, que busca encontrar soluciones a esta escasez, a través de la desalinización, el reciclaje, un plan de restricciones en el consumo, limpieza de canales, dragado de las represas y la ampliación del embalse Voelvlei, para poder satisfacer las necesidades de la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica.