Explicó el trámite para otorgar nombramientos definitivos para profesionales y trabajadores sanitarios.
Punto Noticias. Como parte de las pruebas de cargo solicitadas por los asambleístas Pabel Muñoz y Ángel Sinmaleza, dentro del juicio político contra el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, compareció a la Comisión de Fiscalización el ministro de Trabajo, Andrés Isch.
Explicó que fueron tres los elementos básicos previstos en la Ley de Apoyo Humanitario para el otorgamiento de nombramientos definitivos a los profesionales y trabajadores de la salud, que laboraron durante la emergencia sanitaria.
Isch subrayó que la Ley de Apoyo Humanitario, en su artículo 25, establece tres condiciones básicas para que los profesionales y trabajadores del sistema de salud accedan al nombramiento definitivo: 1, que sean profesionales o trabajadores de la salud; 2, que hayan prestado servicios durante la emergencia sanitaria; y, 3, que cuenten con un contrato ocasional o nombramiento provisional. Estos tres aspectos se incluyen taxativamente en el Reglamento y no hay requisitos adicionales, reiteró.
Informó que se han presentado 10.574 solicitudes de concursos para el otorgamiento de nombramientos, en el Sistema Integral de Salud Pública (Ministerio de Salud e institutos de Seguridad Social General, de Fuerzas Armadas y de la Policía), de los cuales se han declarado 8.906 ganadores para los respectivos puestos.
Indicó que las entidades de salud se encargan de planificar la asignación de puestos para disponer los concursos, el Ministerio de Finanzas revisa y asigna los presupuestos y el Ministerio de Trabajo conforma los tribunales para el desarrollo de los concursos. “Nosotros, como Ministerio de Trabajo, hemos cumplido al 100 % con los requerimientos para la integración de tribunales”, declaró.
Mientras tanto, Pablo Ruiz, coordinador del Observatorio Ciudadano de Discapacidades y Salud Pública, ratificó que, durante la pandemia, en solo dos meses, se otorgaron de manera irregular más de 3.000 carnés de discapacidad, sobre los cuales el exministro Zevallos, se negó a informar ante la Asamblea Nacional.
Denunció que los carnés de discapacidad se vendían en Guayaquil por 3.000 dólares y carnés para jubilación, hasta por 7.000 dólares, mientras hay personas que han muerto a la espera de obtener este documento que permite el acceso a los beneficios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades.
Cuestionó que no es posible que, mientras ciudadanos que tienen derecho a solicitar un carné de discapacidad están sometidos a una serie de trámites y verificaciones, otras personas que no usan dispositivos para escuchar, ni lentes para ver, acceden a los carnés, de la noche a la mañana, y los utilizan para importar carros de alta gama, libres de impuestos.
Stalin Basantes, especialista en discapacidades, funcionario de la Defensoría del Pueblo, no fue autorizado por el defensor, Freddy Carrión, para intervenir, pues pidió que las consultas destinadas a funcionarios de esta entidad sean canalizadas al titular de la institución, quien comparecerá en la próxima sesión.
Estos testimonios servirán como elementos de juicio para determinar si hubo o no incumplimiento de funciones del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.
Fuente: Asamblea Nacional.