La empresa encargada de su funcionamiento no necesariamente era eficiente y todo concluyó en un arbitraje internacional donde el Estado terminó pagándole en dólares.
El economista y exasambleísta constituyente, Alberto Acosta, criticó la decisión del Gobierno de Guillermo Lasso de privatizar o concesionar las empresas eléctricas, pues eso ya ocurrió en la dictadura de los años 60 donde el Estado le garantizó las utilidades mínimas a la empresa, pagaderas en dólares sobre activos fijos del 9.5%, pese a que en esa época la economía era sucretizada.
“Y esa empresa no necesariamente era eficiente y ahí se arregló en arbitraje donde el Estado pagó en dólares lo que le debía y la empresa en sucres lo que debía”.
Recordó que el expresidente de la República, Rafael Correa, resolvió que las empresas eléctricas pasen de ser administradas por los Municipios, a manos del Gobierno Central y ha tenido un buen funcionamiento desde entonces.
Indicó que si bien es cierto en la Constitución se abre la puerta para delegar los servicios públicos a actividades mixtas en las cuales el Estado tiene mayor participación o incluso se plantea delegar completamente al sector privado, esto último de manera excepcional, no se puede desconocer la historia y cómo terminó esto.
“El sector eléctrico ha funcionado bastante bien, hace 20 años se planteó la privatización del sector y se lo dividió en dos partes, la de distribución y la de generación, a las primeras les obligaban a comprar electricidad a un costo mayor del precio que vendían a la sociedad para descapitalizarlas y provocar su privatización”.
Manifestó que la población debe estar alerta con lo que haga el régimen porque puede intentar deteriorar, nuevamente, el servicio para argumentar la necesidad de la privatización, tal cual ha sucedido con las telefónicas y que ha provocado un monopolio de las empresas Claro y Movistar, mismas que tienen utilidades anuales sobre patrimonio neto de más del 90%.