El proceso va más allá de si el Presidente de la República tiene capitales en paraísos fiscales, porque también se debe verificar si su cónyuge e hijos poseen bienes en el exterior, lo cual también es ilegal, agregó.
El jurista Esteban Ron informó que la Contraloría inició dos exámenes especiales sobre el presidente de la República, Guillermo Lasso, la primera es la declaración juramentada de inicio de gestión, la cual no corresponde en este caso, y la segunda respecto a su posesión, o no, de bienes en paraísos fiscales: “¿Cuándo se iniciaron estos procesos? no sabemos, porque lo único que tenemos es la información de carácter público”.
Indicó que según lo mencionado por el propio Lasso, la investigación inició el pasado 14 de octubre y entre el 16 y 18 del mismo mes, se le notificó al mandatario, de ahí que se prestaron elementos de descargo donde se mostraría que no posee propiedades en el exterior, sin embargo la Contraloría, una vez que verifique esto, puede realizar un alcance al proceso y pedir documentos a la cónyuge e hijos del Jefe de Estado.
Recordó que en Ecuador se aprobó una consulta popular donde se prohíbe que los funcionarios públicos puedan tener bienes en paraísos fiscales, pero dicha ley va más allá y también impide que ese patrimonio sea traspasado a hijos y cónyuge.
“Lasso presentó ciertos descargos de que ya se deshizo de los fideicomisos en EEUU y de ciertas compañías en Panamá, pero se presume que fueron puestos a nombre de su cónyuge e hijos”.
Con esa base, el experto puntualizó que se desconoce si el Presidente de la República responde sobre los bienes que estarían a nombre de sus familiares, pues en el comunicado de la Secretaría de Comunicación solo se establece que Lasso está desvinculado de propiedades en el exterior.
“Se tiene que hacer una triangulación con las entidades del sector público bancario ecuatoriano, no se puede haber lo mismo en otros países pero la Ley de la Contraloría si permite requerir apoyo a través del Ministerio respectivo para acceder a información en otros países”:
Destacó que el examen del ente de control debe ser pormenorizado, para lo cual se establecen 70 días términos a fin de dar un resultado: “El examen no puede ser archivado, porque fue aceptado como tal y Lasso ya presentó descargos”.
“La familia tendrá que presentar descargos y de ahí tendrá que hacerse un informe – borrador para determinar si existe o no vínculos de propiedad con la familia y después aplicar la sanción que puede ser destitución por incumplimiento de ley”.
Aclaró que no puede haber una veeduría pública sobre esta investigación, pero si se puede ver que está sucediendo al interior del examen.