La propuesta establece compensación económica para quien colabore en la recuperación de recursos de la corrupción.
Punto Noticias. Este miércoles 31 de julio, el Pleno de la legislatura discutirá en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante, de autoría del Ejecutivo.
Para el efecto, el presidente del Parlamento Nacional convocó a las 15h30 a la sesión 610.
La iniciativa del gobierno nacional propone que quien suministre datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan en la investigación, localización y recuperación de activos obtenidos de manera ilegal, podrán acceder a una compensación económica en proporción a los recursos económicos que el Estado logre recuperar.
En caso que un servidor denuncie actos de corrupción, debidamente fundamentados y que se compruebe la veracidad del hecho, recibirá un reconocimiento público, por parte de la institución en la cual trabaja y la protección necesaria y debida.
El proyecto de ley busca reforzar el mecanismo de investigación que utiliza el fiscal, quien, junto con el procesado, llega a un acuerdo a fin de que entregue información que permita el esclarecimiento e identificación de los responsables de un hecho ilícito, cuya figura es la denominada cooperación eficaz.
El Ejecutivo propone reformar el artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, referente al objeto y ámbito de la repetición en contra de servidores públicos. También, modificar el plazo de prescripción de la acción de repetición de tres a cuatro años.
Tiene por objeto definir acciones integrales, compartidas, articuladas y conjuntas entre las entidades públicas y los ciudadanos, en la lucha contra la corrupción, desde todos los ámbitos, sean civiles o administrativos, adicionales a las que por mandato constitucional y legal le corresponde a la Fiscalía General, para investigar delitos.
La Comisión de Justicia tramitó la propuesta del primer mandatario, Lenín Moreno, que contempla cambios en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y Código Orgánico Integral Penal (COIP).