Rocío Rosero, viceministra de Inclusión Económica y Social, indicó que tras la aprobación de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, se hace indispensable la articulación de todas las entidades del Estado para cumplir con el objetivo de la normativa y en ese sentido informó que este miércoles 31 de enero se tendrá una reunión con la función judicial donde se tienen graves problemas pues no existe un capital humano suficientemente capacitado para atender a las víctimas.
“Estamos viendo que no es suficiente que la escuela judicial haga cursos de un mes para operadores del sistema porque aún hay fiscales que son capaces de distorsionar las pruebas para condenar a las víctimas”, agregó la funcionaria al indicar que la reunión de hoy permitirá coordinar un conjunto de actividades que cobije las necesidades de las mujeres que son violentadas.
Cordero indicó que el reto es enfrentar la reingeniería del Estado por la formación del capital humano pues, por ejemplo, deben existir psicólogos para apoyar a la restitución de derechos ya que estudios señalan la necesidad de que una víctima tenga al menos 18 sesiones para superar el cuadro en el que vivió.
“Es una preocupación que se ha tenido con la Senescyt porque tenemos que ocuparnos de quienes serán los operados del sistema nacional de protección y a quién se le entregará esas tareas especializadas”, mencionó la funcionaria al detallar que la rectoría del cumplimiento de la Ley la tiene el Ministerio de Justicia que deberá trabajar con 14 instituciones donde se incluyen los Gobiernos Autónomos Descentralizados lo cual permite aterrizar en territorio aunque también agregó que se construirán juntas cantonales especializadas con cuatro profesionales de salud, jurídico, trabajo social y psicología para que las víctimas tengan medidas de protección de manera inmediata.
“Y estas juntas tienen que desarrollar alianzas que permitan que las instituciones jueguen el rol que le corresponde”, puntualizó.
En ese marco detalló que como Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se está impulsa un conjunto de actividades de prevención y atención a las víctimas en los centros que son de su rectoría como: Los Centros Infantiles del Buen Vivir, Centros de Adulto Mayor en sus diversas modalidades, Centros de servicio a Personas con Discapacidad, y los Centros del Muchacho Trabajador. Con ello se piensa llegar a una población directa de al menos 450 mil familias “y esto tiene efecto multiplicador importante”, añadió.