La justicia está siendo prostituida. A estas alturas y viendo los hechos que ocurren en el país es bastante difícil tener justicia, agregó.
Patricia Cuenca, esposa de Yofre Poma, manifestó que el proceso que se sigue contra su cónyuge y otras ocho personas de Sucumbíos tras los hechos suscitados en octubre, ha sido difícil para las familias pues, dijo, se ha montado una proceso judicial injusto en el que se ha sentenciado en primera instancia, y en tiempo record de 30 días, a un año cuatro meses de prisión a cinco de ellos y al resto a cinco años.
“Hemos recibido persecución, ellos son presos políticos y por eso tomamos la decisión drástica de ponernos en una medida de hecho como la huelga de hambre para que seamos escuchados, para que se nos fije la fecha de audiencia (de apelación a la sentencia) y con ello la libertad condicional de los ciudadanos porque es un derecho que los asiste”.
Reclamó la falta de independencia de la justicia que, a su criterio, se evidencia cuando hablan de que no hay cupo para la audiencia de apelación pero en casos como el de Rafael Correa hay respuesta rápida de los jueces por la necesidad que tienen de emitir sentencia condenatoria: “Es un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos decir que hay independencia. La justicia está secuestrada y no está actuando como los ecuatorianos merecemos, no se está respetando el debido proceso”.
Explicó que de los nueve apresados, cuatro ya están afuera defendiéndose en libertad y quienes aún no han podido salir ha sido porque su filiación política vinculada a la Revolución Ciudadana, atribuyó.
“Yofre Poma está preso por ser correísta, porque no hay ningún tipo de delito, es una persona de bien, su único delito fue representar a la ciudadanía que lo eligió”.
Hoy jueces 13 de febrero se cumplen cuatro días de huelga de hambre a las afueras de la CNJ donde familiares y amigos de los detenidos se mantienen exigiendo justicia en ese sentido Cuenca indicó que se quedarán hasta el viernes para conocer el fallo de la audiencia: “Ni siquiera se trata de justicia, se trata de moral. Deberían declararlos inocentes a todos o dejarlos defenderse en libertad, la justicia está siendo prostituida”.
Remarcó que para los familiares han sido 128 días de angustia e incertidumbre ya que a pesar de que la Fiscalía no ha podido comprobar ningún supuesto cometimiento de delito, los mantienen detenidos.
El legislador por Revolución Ciudadana fue sentenciado en primera instancia por los hechos ocurridos el 7 de octubre de 2019 en lo que las autoridades dicen funciona el pozo petrolero de Petroamazonas. Se acusa de supuesta paralización de servicios que habría afectado la extracción de crudo por al menos dos horas y 20 minutos.
Al respecto, Cuenca explicó que ese día decenas de personas salieron a protestar no solo por la eliminación de subsidios sino porque la provincia ha sido abandonada por el Gobierno, no se ha cumplido con la construcción de la Universidad Amazónica, por ejemplo. En ese contexto detalló que la gente en forma de protesta fue al lugar donde funciona una estación de bombeo: “No es un pozo petrolero, eso es mentira de los medios de comunicación, es una estación de bombeo fuimos 800 personas hasta ahí en marcha porque las instituciones son nuestras y fue en señal de rechazo. Se llegó hasta la puerta principal que estaba abierta y cuando se estuvo adentro hubo un secuestro de parte de los miembros de la fuerza pública y apresaron a 110 personas”.
Mencionó que la propia Fiscalía reconoció que fueron los propios operadores del lugar quienes apagaron el servicio de bombeo para precautelar los bienes públicos y la seguridad de quienes estaban afuera: “No han demostrado y no tienen pruebas de que los manifestantes apagaron, no hicieron destrozos, lo único fue una puerta de vidrio. Nunca se perdió el petróleo, es mentira. ¿Dónde está la perdida? por eso desecharon ese argumentó”
De su lado Enrique de la Cruz, vocero de la vigilia, aseveró que desde el apresamiento de los 9 de Sucumbíos se conformó una vigilia permanente en la ciudad de Lago Agrio donde la ciudadanía se reúne de 19:00 a 22:00 para analizar lo sucedido: “Se generó conciencia y solidaridad porque durante las audiencias se evidenció que el tema no era legal sino de persecución política”.
Indicó que la vigilia está asumiendo un rol de vocería de la provincia frente a las causas originales del apresamiento que son la falta de obras, vialidad, obras, atención en el sistema de salud pública y el incumplimiento de la Ley Amazónica.
En cuanto a la huelga de hambre que se desarrolla en Quito no descartó que sea indefinida si la justicia no actúa en derecho: “Fue una emboscada, porque inteligencia policial sabían a dónde iba la marcha ese día, pero en lugar de cerrar las puertas, estuvieron abiertas y las personas quisieron entrar pero no hacer daño”.