Se presentaron ante la mesa de Fiscalización para entregar sus testimonios, en los que aseguraron que la Policía violó los derechos humanos.
Punto Noticias. Que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sea censurada y destituida, demandaron las personas que comparecieron ante la Comisión de Fiscalización a entregar sus testimonios, dentro del juicio político en contra de esta, sobre los hechos ocurridos durante el levantamiento popular de 2019, en la provincia de Sucumbíos.
A criterio de los comparecientes, la ministra Romo incumplió con su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos, ordenó la persecución de las personas que ejercían su derecho a la resistencia, violó derechos ciudadanos, criminalizó la protesta, entre otras acciones.
La señora Janeth Cabadiana narró que, durante las protestas, nueve personas, entre las que se encontraban autoridades de Sucumbíos fueron detenidas injustamente, a su criterio, de las cuales todavía permanecen en la cárcel tres, en Archidona, provincia de Napo.
Según Cabadiana, las manifestaciones de octubre del año pasado fueron la continuación de las protestas de la ciudadanía, por la desatención en la que el Ejecutivo mantenía a esta provincia, especialmente en el área de la comunicación vial.
Reclamó que se desató una acción violenta en contra de la ciudadanía, a nombre de controlar el orden, se violentaron muchos derechos, tanto ciudadanos como colectivos de los pueblos y nacionalidades.
Aseguró que las marchas en contra del Gobierno fueron pacíficas y que los daños a la propiedad privada fueron realizados por infiltrados enviados por la Gobernación, con el fin de justificar la detención de los manifestantes.
Denunció que para reprimir a la ciudadanía la Policía utilizó balas de goma, disparadas directamente al cuerpo de los protestantes, además del lanzamiento excesivo de gas lacrimógeno.
Cabadiana condenó que la Policía haya torturado y golpeado a los líderes sociales que fueron detenidos, lo que demuestra que se violentó los derechos humanos.
Edgar Zavala, otro de los comparecientes, señaló que las nueve personas que fueron detenidas en Sucumbíos, en principio fueron secuestradas, porque ni la Policía ni las autoridades informaron sobre el lugar en donde los tenían retenidas a pesar de los pedidos de familiares y allegados, que temían por la vida de los aprehendidos. Tampoco se indicó los cargos por los que habían sido detenidas.
Rechazó las aseveraciones de la ministra de Gobierno, quien aseguró que, durante las protestas de octubre, hubo intento de golpe de estado, que se estaba planificada la toma de la Refinería de Sucumbíos, con el fin, dice Zavala, de deslegitimar las justas protestas.
Censuró que hasta el momento sigan encarceladas tres personas, que pertenecen al sector más humilde y pobre, de las cuales dependían económicamente sus familias. Por ello, considera que son presos políticos.