Plantea la posibilidad de impulsar la justicia universal para juzgar estos crímenes.
Punto Noticias. El informe de la Comisión de Verdad y Justicia sobre los hechos del levantamiento popular de octubre de 2019 otorga la razón a los damnificados de la represión policial y militar, a criterio de Carlos Poveda, abogado de la Asociación de Víctimas del Paro Inocencio Tucumbi y de los acusados del incendio de la Contraloría General.
El jurista destaca que, hace aproximadamente un año, a nombre de sus representados, interpuso una demanda por crímenes de lesa humanidad ante la Fiscalía, entidad que, hasta el momento, ni siquiera avoca conocimiento.
El informe ratifica que los hechos de octubre contextualizan un crimen de lesa humanidad y confirma que había que enjuiciar a los principales intervinientes de estos, señala Poveda, quien espera que la Defensoría del Pueblo no divida la continencia de la causa, sino que, más bien, la unifique.
El abogado expresó la necesidad de posibilitar que las víctimas tengan voz y accionar dentro de la justicia y el caso pueda proseguir. Sin embargo, señaló que no tiene expectativa de que la fisca general, Diana Salazar, adelante el proceso de investigación de estos delitos.
Comentó que, por esta razón, habían previsto, juntamente con sus representados, la posibilidad de establecer el principio de justicia universal; es decir, para evitar que queden en la impunidad, los responsables de los delitos contra la humanidad sean juzgados en los territorios donde sean detenidos, porque en el país no hay ningún ánimo o afán para investigar estos graves casos.
En opinión del jurista, una vez que ocurrieron las protestas de octubre, la Fiscalía, de oficio, debía iniciar indagaciones para perseguir posibles delitos, sin necesidad de denuncia ni informe de la Comisión de la Verdad, como sucedió en Chile, en donde la Fiscalía abrió investigaciones de delitos graves.
Lamentó que se tenga que esperar que se cambien las autoridades del Gobierno Nacional para que cambie la justicia, porque esta debería caminar independientemente del gobierno que esté, reclamó.
Poveda está convencido de que en el país hay una justicia selectiva, con la que para algunos casos son muy ágiles, tienen hasta tiempos electores que compaginan con los tiempos de la justicia penal. Pero tienen otros tiempos que no les convienen, dejan que entren y salgan funcionarios, como que no ocurriera nada, contexto en el que pueden caer los delitos graves cometidos en el paro de octubre de 2019, advierte.