El Consejo de la Judicatura tiene pendiente el análisis de un informe para suspender en funciones a Diana Salazar. Por otro lado, la fiscal amenaza a los vocales de la Judicatura si la sancionan.
Punto Noticias.- Una sanción administrativa que implique la suspensión de funciones por tres meses inquieta a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que ha usado las redes sociales para defenderse de las acciones del Consejo de la Judicatura (CJ), órgano de gobierno, administración y disciplinario de la Función Judicial.
Como parte de su defensa, la fiscal expuso que no está sujeta al régimen disciplinario, sino al control político por parte de la Asamblea Nacional y, por eso, “actuará con toda contundencia” en contra de los vocales de la Judicatura que voten a favor de su suspensión.
Contra Salazar pesa una petición de sanción administrativa interpuesta por Acción Jurídica Popular debido al supuesto plagio de parte de su tesis para obtener su título de abogada y de un libro que presentó para el concurso público de méritos y oposición para fiscal general del Estado, el cual lo ganó con un puntaje de 10/20.
El grupo de abogados de Acción Jurídica espera que el Consejo de la Judicatura se reúna y sancione a la fiscal con la suspensión de sus funciones.
Una Subcomisión de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura (CJ) elaboró un informe en el cual se recomienda la suspensión de funciones por tres meses a la fiscal, pero el tema que iba a ser analizado la noche de este lunes, 29 de mayo no se dio por falta de quórum.
Ante ello, Salazar rechazó el informe y reiteró que no está sujeta al régimen disciplinario, sino al control político y amenazó con procesar penalmente a los vocales de la Judicatura que voten a favor de su sanción. Los acusaría de arrogación de funciones.
Cabe recordar que los vocales Juan José Morillo, Maribel Barreno y Xavier Muñoz que no asistieron a la sesión convocada por Wilman Terán, presidente del CJ para analizar el caso de Salazar, son investigados por la Fiscalía. Los dos primeros por presunto tráfico de influencias y el otro por lavado de activos.
Para Salazar las acciones que se han dado en su contra son maniobras que dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía.
La fiscal emplea el artículo 194 para defenderse. El mencionado articulado precisa que la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. En este punto, si bien no se habla del área disciplinaria, la fiscal menciona que la Judicatura no tiene injerencia. Sin embargo, se aclara que la fiscal actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.
Con este criterio constitucional, el jurista Ramiro Aguilar le dio la razón a Salazar durante una entrevista concedida a radio Sonorama.
Aguilar dijo que la Fiscalía no está sujeta al control disciplinario, pero sí al político. Incluso, señaló que bien la Contraloría podría auditarla, pero no el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ni el Consejo de la Judicatura.
Expuso que la razón es que la Fiscalía es un ente autónomo por lo que -en este caso- el Consejo de la Judicatura no podría suspender en funciones a la fiscal porque recaerían los vocales en arrogación de funciones.
En este embrollo, el Cpccs también tiene participación. El próximo viernes analizará el caso debido a que es el ente encargado de los concursos para la designación de autoridades.
La contraparte
Si bien el artículo 178 de la Constitución señala que la Fiscalía es un órgano autónomo de la Función Judicial, eso no quiere decir -para Acción Jurídica Popular- que no se someta al análisis disciplinario de la Judicatura.
Incluso, el jurista Richard González, de Acción Jurídica Popular trajo a colación lo que establece el artículo 172 de la Constitución que menciona que los operadores de justicia como los servidores judiciales deben estar sujetos a lo que manifiesta la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley.
Asimismo, el artículo precisa que serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley.
Recordó el caso de suspensión del presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, por parte de la Judicatura. Sin embargo, hay que aclarar que la Corte es un órgano jurisdiccional de la Función Judicial y no autónomo como la Fiscalía.
González dijo que lo que se trata en el caso de la fiscal es una medida precautelatoria hasta que se realice un proceso y añadió que le correspondería al CJ volver a convocar para resolver lo que se ha pedido.
Sostuvo que -en este momento- hay un ambiente de amenaza de parte de la fiscal Salazar a los vocales del CJ porque no ha justificado de que no es la autora de los textos tanto de la tesis, como del libro que presentó para obtener un puntaje en el concurso para ser fiscal.
“No se ha defendido sobre si esos textos le pertenecen, porque no ha negado nada”, subrayó González.
La Constitución en su artículo 173 menciona que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial. Mientras que el artículo 11 se relaciona con el ejercicio de derechos y establece responsabilidades.
El jurista agregó que, si bien la Fiscalía tiene autonomía e independencia financiera, eso no quiere decir que estén exentos del control administrativo del Consejo de la Judicatura.
“No lesionan la autonomía cuando está sujeta a pesos y contrapesos que denomina el sistema constitucional. La Fiscalía, además, es parte de procesos por los que tiene también que ser parte de un control”, aseveró.
Angélica Porras, también de Acción Jurídica Popular, expresó que la postura de la fiscal Salazar refleja lo que ha realizado en su gestión: amenazando, allanando, mintiendo.
“La fiscal general debe cumplir la ley, no está por encima de ella. Ahora resulta que todos los poderes están en manos de Diana Salazar”, comentó.
En tanto, González puntualizó que aún no hay respuesta de la Judicatura sobre su requerimiento de sanción a la fiscal, el cual fue interpuesto el pasado 22 de mayo.
El jurista mencionó que el caso de plagio de la fiscal no es el primero y recordó el proceso del fiscal Jorge German Ramírez, cuando en noviembre de 2007 el entonces diputado Salvador Quishpe, le interpuso una demanda por el delito de presunto plagio del texto de un libro.
Ahora se espera que también el fiscal subrogante, Wilson Toainga, indague la actuación de la autoridad principal de la Fiscalía. Aunque la situación de Toainga depende del control de Salazar.