Al momento, ya son investigados un gerente y dos exgerentes de la empresa, por presunta trata de personas con fines de explotación laboral.
Punto Noticias.- Este miércoles 26 de enero, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó fecha y hora para la audiencia de vinculación de tres ciudadanos y una persona jurídica al caso Furukawa, por un presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
La Fiscalía tiene previsto vincular al proceso a los ciudadanos Hugo Adolfo Ch. B., gerente comercial; Seiji N., exgerente de producción; y, Paúl Israel B. G., exgerente de recursos humanos, además de la persona jurídica Furukawa Plantaciones C. A. del Ecuador.
En este caso, ya son procesados Marcelo A., Ángel S. y Adrián H., gerente y exgerentes de Furukawa, respectivamente.
La entidad investiga la presunta participación en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, pues la empresa de capital japonés que se estableció en Santo Domingo de los Tsáchilas en 1963 y estaba dedicada al cultivo y procesamiento de abacá (una planta de la que se obtienen fibras vegetales muy resistentes) recibió denuncias sobre condiciones de vida, vivienda y trabajo indignas, precarias e inhumanas.
Esta serie de acciones se habrían configurado en una forma de servidumbre de la gleba (conjunto de siervos ligados a la tierra) que se enmarcan en modalidades contemporáneas de esclavitud como consta en el informe de verificación de Derechos Humanos que la Defensoría del Pueblo puso en conocimiento de la Fiscalía, en su momento.
El 15 de enero de 2021, un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas aceptó la acción de protección y declaró la existencia de “servidumbre de la gleba”, la responsabilidad de la empresa Furukawa y de varias entidades del Estado por la violación a varios derechos humanos de 123 trabajadores.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, también dijo que serían 56 años en los que se condicionó la vida de varias familias de Furukawa.
En noviembre, jueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, mediante auto de aclaración y ampliación, reformaron la sentencia y afectaron la ejecución de las medidas de reparación de los 123 campesinos.
Un mes después, ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, un grupo en representación de ese centenar de personas, denunció ser víctima de amedrentamiento ante las acciones emprendidas en contra de la empresa.
Fuente: Fiscalía, redes sociales