De esta manera, inició, de manera formal, el trámite del proceso.
Punto Noticias. La Comisión de Fiscalización de la Legislatura, en la sesión de este viernes 16 de octubre, con el voto de la mayoría, calificó el pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por cumplir con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La moción la presentó el presidente de la mesa, Elio Peña. Con esta decisión, el órgano legislativo inició, de manera formal, el trámite del proceso de enjuiciamiento político contra Romo, pedido por los asambleístas María de Lourdes Cuesta Orellana, Amapola Naranjo Alvarado y Roberto Gómez Alcívar.
Los proponentes fundamentan su acusación en la responsabilidad de la ministra como titular del ente rector de la seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, así como en el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
El expediente del proceso enviado a la comisión no incluye como causales para el juicio contra Romo el reparto de hospitales a cambio de votos en el Parlamento, que el interpelante Roberto Gómez solicitó al CAL que se añadiera.
A criterio de José Serrano, comisionado de Fiscalización no importa que este asunto no conste en el expediente, porque se lo puede abordar al momento en que se sustancien todas las pruebas materiales, documentales, testimoniales, que los solicitantes del juicio y los miembros de la mesa consideren pertinentes.
Con la posición de Serrano estuvo de acuerdo la mayoría de integrantes del organismo legislativo, sin embargo, Roberto Gómez reclamó que, de manera deliberada o por error, el presidente del Legislativo, César Litardo, no remitió también como pruebas la resolución del Pleno destituyendo a Daniel Mendoza y el informe de la comisión multipartidista sobre las investigaciones del reparto de las casas de salud.
Lourdes Cuesta, también peticionaria del juicio contra Romo, recordó que la causal es incumplimiento de funciones por parte de la ministra de Gobierno, que puede incluir todas las acciones desarrolladas por la funcionaria, a su entender.