Los indicios de responsabilidad penal entregados en el informe de la Contraloría enviado a la Fiscalía, la cual abrió una investigación por peculado.
Punto Noticias.- La audiencia de formulación de cargos fue convocada por el juez Máximo Ortega para el 21 de octubre en contra del exsecretario de Salud del Municipio de Quito, Lenín Mantilla y otros involucrados, por el presunto sobreprecio en la compra de 100.000 pruebas PCR, en la pandemia de covid-19.
La fiscal Ruth Amoroso hizo el pedido para avanzar con la investigación previa del caso. Esta diligencia está programada para las 10:00, en el cuarto piso del Complejo Judicial Norte de Quito. Junto a Mantilla serán procesados Diego Salazar, Simón Valencia, José Morales, Iván Manzano, Enrique Bucheli y Juan Vinelly.
El juez señaló que si las partes procesales no recurren con su abogado defensor a la diligencia esta será con la presencia del defensor público penal. Y, si no asiste el fiscal titular deberá la Fiscalía designar a su remplazo. El juez señaló que por ser del grupo vulnerable la audiencia la presidirá telemáticamente. Si las partes desean resguardar su salud lo podrán hacer a través de la plataforma Zoom.
En julio la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal por la adquisición de 100.000 pruebas de diagnóstico PCR realizado por la Secretaría de Salud, dirigida por Mantilla, en abril pasado. Ese informe tomó la Fiscalía e inició un expediente por peculado.
Según la Contraloría hay al menos cuatro inconsistencias en el proceso de compra. Una de ellas, es que Mantilla no presentó el plan de contingencia requerido por el alcalde de Quito Jorge Yunda que determine las características de la necesidad. O sea, la compra se hizo sin claridad en los objetivos, el número de pruebas que se aplicarían y la capacidad para el procesamiento de resultados. Incluso, no se incluyó un análisis comparativo de los artículos y precios ofertados a la Secretaría que establezca de forma adecuada el presupuesto referencial.
La Comisión Técnica de la Secretaría recomendó firmar el contrato con la empresa ganadora pese a que hizo la oferta más cara. Pero en junio el exfuncionario se defendió de las acusaciones. Dijo que la adquisición de pruebas fue transparente y negó un sobreprecio. Aseguró que la Secretaría invitó a varios oferentes y algunos no cumplieron con los requisitos de la Ley de Contratación Pública. Indicó que Salumed fue la empresa que cumplió con todos los documentos.
El exfuncionario subrayó en junio que en su calidad de médico su trabajo es con vidas y que un error puede afectarlas. Es la razón por la que se debían comprar las pruebas ajustadas a los requerimientos indispensables. “No es cualquier cosa que estábamos comprando, son pruebas biomoleculares”, puntualizó.
También en otras dependencias municipales se investigan posibles irregularidades en las compras durante la pandemia. Entre ellas la Empresa de Aseo y la Empresa de Agua Potable.
Fuente: Expreso