Nos metieron en un cuarto obscuro con un colchón botado, vimos que ahí estaba una compañera que también la habían llevado, relata una de ellas en su testimonio.
Jacqueline López y Nancy Masacela, secretarias de despacho del Gobierno de la Provincia de Pichincha, relataron las horas de desesperación y angustia que vivieron la noche del 16 de octubre, día en que recibieron una llamada por parte de la Fiscalía para que acudan al edificio del Consejo Provincial en el marco de la diligencia por el caso “rebelión”.
“El 16 de noviembre vivimos en carne propia el abuso de autoridad, daño moral, agresión, atentado a la libertad de expresión, perdimos nuestro derecho de defendernos y comunicarnos”, López
Nancy López indicó que ella trabaja desde hace 23 años en la Prefectura y nunca había vivido cosa parecida: “Cuando me llamaron yo subí dispuesta a que revisen mi computadora pero en mi caso vinieron dos fiscales a revisar archivo por archivo en la computadora mientras el otro revisaba los documento, al finalizar dijeron, no tiene nada”.
De su lado Masacela, con lágrimas en los ojos, manifestó que lo más difícil fue dejar a su niña menor de siete años en la casa y sola a cuidado de una vecina porque pensó que el proceso no iba a demorar: “Pasadas las 21:00 me trasladé, no tenía para el pasaje, tomé un taxi y llegué. Una de las agentes fiscales me dijo que abra la computadora, abrí archivo por archivo, ella procedió a revisarla y dijo que no hay información comprometedora y que me vaya no más”.
Sin embargo ambas coinciden que en ese momento la fiscal Claudia Romero entró gritando con una hoja rota, preguntando quién rompió el documento y lo botó a la basura.
“Nos advirtió que si no decíamos quién rompió, nos llevaban detenidos sin derecho ar hacer una llamada o tener un abogado”, dijo Masacela.
Recordaron que fueron trasladadas hasta unas dependencias de la policía ubicadas en la 10 de agosto y Santa Prisca, escoltadas por agentes de la Policía Nacional.
“Nos pusieron en un cuarto obscuro con un colchón botado y vimos ahí a una compañera que también la habían llevado”, agregó.
López recordó que ahí junto con otros dos funcionarios, Edison Guananga Suscal y Carlos Collaguazo, pasaron cuatro horas y media sin abogado: “Nos decían que era una acción libre y voluntaria pero no fue así porque no nos dejaron llamar a nadie yo dejé encerradas a mi hijas de 13 y 10 años”.
Luego de ello, ambas habrían sido llevadas a rendir su versión sobre la supuesta hoja rota que nunca vieron de qué era o qué contenía, ahí las autoridades les habrían insistido en que den un nombre: “Al ver qué llegó nuestro abogado a decirles que nos acogemos al derecho al silencio, ahí casi le pegan y casi le sacan con la fuerza pública. Si con él se portaron así, imagínese una persona común”.
Las dos indicaron que quieren sentar un precedente para que la pesadilla que vivieron no la vuelva a pasar nadie, por lo cual presentarán una denuncia contra la fiscal por el abuso de poder que ejerció.