En una entrevista brindada a radio Pichincha Universal, se da a conocer sobre el caso de esclavitud moderna con la Empresa Furukawa, donde casi el 70% de sus trabajadores fueron presionados para salir y únicamente 60 obreros se encuentra en acción de lucha.
PUNTO NOTICIAS.- Patricia Carrión es abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y Segundo Ordoñez trabajador de Furukawa, donde se dio un caso simbólico de esclavitud moderna, y también un caso emblemático en la defensa de los derechos de los trabajadores.
En febrero de este año, la Defensoría del Pueblo entregó un informe que dio a conocer las violaciones a los derechos humanos, en particular el derecho a la vida digna, acceso a salud, educación, agua, alimentación sana y a servicios básicos.
Que casi 1200 personas, según la Secretaría de la Política, vivían sometidos en los campamentos de la empresa Furukawa. Esta evidencia no se garantizó por parte de las entidades del Estado, ya que no cumplió diligentemente con sus obligaciones para garantizar el goce de los derechos por parte de los trabajadores.
La Cedhu como organización de derechos humanos, ha acompañado en el proceso de exigencia al Estado y a la empresa para que los derechos de los ciudadanos violentados tengan una reparación integral. Ha existido un proceso largo y lento, por parte del Gobierno, prácticamente no ha existido ninguna acción que signifique una reparación integral frente a los derechos violados.
Segundo Ordoñez trabajador de la empresa esclavista, comenta “estamos pesimamente dentro de las instalaciones de Furukawa, no tenemos agua, comida, ni trabajo. Es una situación muy dura la que estamos pasando. Ahora mismo hay mucha gente que ha salido a buscar la posibilidad de buscar unas libritas de arroz para sobrevivir, estamos unas 60 personas”, indica.
En relación a los dueños de Furukawa, Ordóñez asegura que ellos siempre tratan de ganar, la vida de ellos es mentir, ganar, matar al otro, no les importa nada, después de que ellos tengan todo, no ven los beneficios al trabajador, ellos viven su vida, ellos tienen de todo, sin embargo nosotros no tenemos nada”.
“Según el informe de la secretaría de la política, de estas 1200 personas, muchas de ellas el 70% salieron por la presión de la empresa, donde vivían de manera infrahumana, y por la presión de la empresa que les daba, 50, 60 y hasta 500 dólares por familia, dependiendo de la negociación en el escritorio de la empresa, sin ningún derecho laboral adquirido, sin garantizarles nada únicamente entregarles algo para que se vayan”, afirma Patricia Carrión.
Mucha gente tuvo que irse, a decir de la abogada de la Cedhu, “este caso salió a la luz y a la empresa no le convenía que la gente esté en los campamentos, porque íbamos a exigir que el Ministerio de Trabajo les sancione, que el MIES vaya, que el Ministerio de Salud vaya y la empresa les exigía que salgan porque a la empresa les estorbaban, mucha gente salió”.
“Ahora hay muy poca gente continúan viviendo en los campamentos de Furukawa resistiendo. Algunas familias han sido sacadas por la presión de la empresa, por la falta de una acción directa del Estado, son revictimizadas porque les obligan a salir a esas familias, de las 32 haciendas quedan pocos campamentos porque fueron demolidos borrando evidencias”, subraya Carrión.
La Fiscalía habría realizado un proceso en contra de la empresa Furukawa por trata de personas y otras formas de explotación laboral, además existe un proceso penal, que está en fase de indagación previa, la Cedhu está patrocinando a muchos trabajadores, finaliza la abogada.
Esta organización de derechos humanos se apresura a presentar una acción constitucional, para exigir al Estado y a la empresa las acciones pertinentes exigiendo una reparación integral a cada una de las personas que fueron victimizadas a lo largo de 56 años.