Valoración médica y evaluación de seguridad siguen a liberación de retenidos en el centro penitenciario.
Este viernes 1 de septiembre, la gobernadora del Azuay, Consuelo Orellana, anunció que la Cárcel de Turi se encuentra ahora bajo control total tras los recientes disturbios en el lugar.
Tras la liberación de los retenidos se llevó a cabo una exhaustiva valoración médica y psicológica. La funcionaria también informó que el cambio de guardia ya se ha realizado, y el personal del Servicio Nacional de Atención de Personas Privadas de la Libertad (SNAI) está llevando a cabo una evaluación de la seguridad en el centro penitenciario.
En contraste con los días anteriores, durante la mañana del viernes no se observó a presos en los techos de la cárcel, una escena que se había vuelto común el miércoles y jueves. Desde el exterior, un contingente de aproximadamente 400 militares y 200 policías permanecieron vigilantes de la situación.
🔴#ATENCIÓN | 44 personas, entre agentes penitenciarios y policías que se encontraban retenidos en la cárcel de #Turi, fueron liberados. La gobernadora del #Azuay, @ConsuOrellanaP, afirma que se ha retomado el control del centro penitenciario.
📹@UNSIONTV pic.twitter.com/ncG9Jb9yIj— Radio Pichincha (@radio_pichincha) September 1, 2023
Durante esos días de disturbios, los accesos a la prisión permanecieron cerrados, y los vehículos que transitaban por la zona estaban sujetos a inspección por parte de las fuerzas de seguridad.
Las autoridades sostienen que la retención de funcionarios fue una represalia por la intervención gubernamental en los centros penitenciarios, especialmente la ocurrida el miércoles en Cotopaxi.
Líderes de bandas delictivas como ‘Los Lobos’, ‘Los Choneros’, ‘Los Lagartos’ y los ‘Latin Kings’ se encuentran en la cárcel de Turi, en Azuay. Esto pese a que este centro penitenciario fue construido como una cárcel regional.
Cerca de 36 horas, 34 guardias penitenciarios y 10 policías estuvieron retenidos en el CPL del Turi. Ellos fueron liberados la noche del jueves 31 de agosto de 2023.
Además, el Gobierno atribuye las explosiones que se han registrado en diversas ciudades del país, incluyendo Quito, Cuenca, El Oro y Napo, como reacciones a estas intervenciones en las cárceles.