Se calcula que en la Argentina hay 120 mil personas portadoras del VIH, alrededor de 50 mil no lo saben, las otras 70 mil reciben los medicamentos de manera gratuita por medio de la salud pública. A partir del 1 de febrero, el ministerio de Salud suspendió la entrega de antivirales en los hospitales y dejó la responsabilidad a los ministerios provinciales para abastecer a las personas que padecen el SIDA.
La subsecretaria de Coordinación Administrativa, María Cecilia Locciasano, quien además es esposa del ministro de Trabajo Jorge Triaca es quien tomó la decisión de interrumpir el abastecimiento hasta que se negocie con los laboratorios internacionales.
“Hay un total desinterés para el cuidado de la salud por parte del Estado. Esto puede provocar una resistencia y que el virus se replique nuevamente”, indicó a PáginaI12 Matías Muñoz, de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap).
El faltante de medicación se venía advirtiendo y denunciando desde diferentes organizaciones especializadas en el tema, pero desde el gobierno se fue dejando que esto ocurra y se avisó con escasísimo margen a los gobiernos provinciales para que asuman la responsabilidad de cubrir esta escasez.
Los tratamientos antivirales son muy específicos y cualquier alteración de la fórmula puede generar rechazos o que fortalezca a la inmunodeficiencia, por eso estas interrupciones pueden resultar fatales.
“Con la realidad que afrontamos, que falten retrovirales ya sea por demoras o cualquier otra cosa habla de una decisión del gobierno nacional. No hay voluntad política”, aseguró Muñoz.
El comunicado ministerial es tan superfluo que explica “las demoras” como “el tiempo habitual”. Tampoco aclaran si en marzo se resolverá estos impedimentos o si será una nueva forma de ajustar los presupuestos que tiene el gobierno en beneficio de sus amigos y en perjuicio de los más necesitados.