El organismo demandó un plan de acción para mejorar el sistema penitenciario.
Punto Noticias. A pesar de que han pasado 131 días y dos masacres en las cárceles, el gobierno de Guillermo Lasso no ha nombrado a su delegado ante el Organismo Técnico de Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que dirige el sistema penitenciario.
Cuando la crisis carcelaria amenazaba con alcanzar los niveles dramáticos de la actualidad, en agosto de 2020, la Corte Constitucional (CC) solicitó al régimen de Lenín Moreno un plan de acción para mejorar el sistema penitenciario. Cuatro meses después, el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) presentó ese plan, que representaba una inversión de USD 206 millones.
A criterio de la CC, el documento era “otra medida insuficiente frente a las obligaciones estatales“. Lo calificó así porque el plan no podía ser considerado como política pública, ya que no venía del Organismo Técnico de Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
De acuerdo con el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el ente gobernante de la rehabilitación social en el país es el directorio de este Organismo Técnico, encargado de la definición de las políticas públicas.
El Directorio es presidido por el delegado del presidente de la República, que en ese momento era Johanna Pesántez, quien se desempeñaba como secretaria Jurídica de la Presidencia en la administración de Moreno. Luego Moreno resolvió asignar la responsabilidad de este organismo técnico al ministro de Gobierno, Gabriel Martínez.
En estas circunstancias y antes de terminar su gestión, la administración de Moreno aprobó un nuevo plan, con una inversión de USD 18 millones.
Guillermo Lasso asumió el poder, el 24 de mayo de 2021, y nombró a su Gabinete Ministerial. Pese a la crisis carcelaria que heredaba de Moreno, no hizo cambios en el SNAI y mantuvo a Edmundo Moncayo, aunque no nombró a su delegado en el Organismo Técnico del sistema de rehabilitación.
El 22 de julio ocurrieron los incidentes en la Penitenciaría del Litoral y la cárcel de Latacunga, con un saldo de 27 fallecidos. En ese momento, Lasso cesó a Moncayo y en su lugar nombró a Fausto Cobo. Dos semanas después, el 4 de septiembre, en una entrevista en Esmeraldas, el mandatario informó que había nombrado a Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, como su delegada y presidenta del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social. El decreto para oficializar a Ordóñez en el cargo nunca llegó.
El 28 de septiembre Ecuador vivió la peor masacre carcelaria de su historia: 118 presos fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral. El mismo día de la matanza, Bolívar Garzón se estrenaba como director del SNAI, mientras Cobo había renunciado para aceptar un nombramiento en el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).
El 1 de octubre, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, volvió a anunciar que Ordóñez asumiría la presidencia del Organismo Técnico, pero tampoco se oficializó el nombramiento con un decreto.
Vela también mencionó que, durante sus primeros cuatro meses, el gobierno de Lasso se dedicó a hacer un diagnóstico de la institucionalidad carcelaria del país y que ahora viene un segundo momento, que empieza con el nombramiento de su delegado al Organismo Técnico. Antes de este nombramiento, Cobo había anunciado un nuevo plan para las cárceles con una inversión de USD 75 millones en cuatro años. Pero al ser presentado por el SNAI tampoco tiene carácter de política pública, según el pronunciamiento de la Corte Constitucional.
La CC revisó nuevamente las medidas ordenadas para mejorar el sistema carcelario, tras la reciente masacre del 28 de septiembre, que se tomaron desde mayo de 2019, cuando comenzó la crisis, pero no se han cumplido.
Por este motivo, el organismo instó al presidente Lasso a nombrar, en cinco días, a su delegado al Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social. También dispuso que convoque de inmediato a la reunión de este órgano y que informe mensualmente sobre las reuniones mantenidas, sus asistentes, los acuerdos logrados y los avances de implementación.
Este Organismo lo integran, además del delegado de Lasso, las autoridades o los delegados de la Secretaría de Derechos Humanos, ministerios de Salud, Trabajo, Educación, Inclusión Económica y Social, Cultura, Deporte, Defensoría del Pueblo.
Adecuar la política pública nacional de rehabilitación social que aprobó el gobierno de Moreno, que requiere un presupuesto de USD 18 millones al Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, deberá ser el primer trabajo del Organismo.
El plan incluye metas específicas en temas carcelarios: reducir el número de muertes por violencia intracarcelaria en los centros de privación de libertad de 130 a 88; reducir el porcentaje de hacinamiento del 29,8 % al 20,4 %; disminuir la tasa de personas privadas de libertad (PPL) custodiadas por cada Servidor del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (SCSVP) en los centros de privación, de 26 PPL a 10 PPL, custodiadas por cada SCSVP; reducir el número de situaciones de crisis en los centros de privación de libertad de 118 a 79.
Fuente: Primicias.