El problema, dijo, atraviesa una intencionalidad política
Punto Noticias. El analista Omar Simon indicó que los informes con sanción de destitución en contra de tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) sí podría considerarse como una intromisión al proceso electoral, pero “aún no se ha consumado” porque es un informe de predeterminación responsabilidades y no es un acto en firme. Además, dijo que “hay un exceso en el ejercicio de las competencias” del organismo de control.
Criticó que desde la designación del actual CNE se violaron varias normas. Lo primero, dijo, que solo participen postulantes presentados por organizaciones políticas y sociales.
Luego, dijo, hubo consejeros que estaban en funciones, prohibido que participen si no renuncian, pero participaron de igual manera.
Además, mencionó que la división interna (Pita y Verdesoto por un lado y Atamaint, Cabrera y Acero por otro) deja muchas dudas de cómo se va a llevar a cabo. Considera que debería estar la institución por delante de los intereses de los vocales.
Simon mencionó que la facultad de inscribir o eliminar una organización política es potestad única del CNE. “La Contraloría no puede obligar a eliminar, aparte que hay plazos para impugnar una inscripción”, dijo el analista, al precisar que, si hay un error en la calificación de firmases es por parte del CNE y no de los movimientos políticos.
El proceso electoral está en marcha y sí puede considerarse una interferencia una decisión que trate de modificar la composición del proceso, pero, aclaró, aún “no se ha consumado” porque son informes con predeterminación de responsabilidades y aún no es un acto en firme.
Simon indicó que, independientemente cómo se archivó el juicio político contra Diana Atamaint meses atrás, no se puede reabrir un nuevo proceso sobre algo que ya fue archivado y se debería presentar nuevos argumentos. Además, al estar en periodo electoral, las autoridades no pueden ser sujetos de juicio político hasta la proclamación de los resultados. “Si alguien lo haría no me parece oportuno, sino sería oportunista”, agregó.
Dijo que “hay un exceso en el ejercicio de las propias competencias de Contraloría porque no está facultado”. Aquí, dijo, el problema atraviesa una intencionalidad política. “Lo que motiva a los actores es un tema político”, señaló.