Desde el 2021, cada 14 de agosto se recuerda el sufrimiento de Paola Guzmán, mientras estudiaba en un colegio público. Se busca combatir ese riesgo en las aulas.
En junio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad de Ecuador ante las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Paola Guzmán. Era estudiante de un colegio público, ubicado en Guayaquil, en el 2002.
Los hechos del caso sucedieron cuando Paola tenía entre 14 y 16 años. Paola fue víctima de violencia sexual en su colegio, por parte del vicerrector Bolívar Espín. Él violó a la adolescente aprovechando su posición de poder.
Durante dos años, Paola enfrentó violación y como consecuencia quedó embarazada. Fue presionada por su agresor para abortar con ayuda del médico del colegio.
A pesar de que esa situación era conocida entre profesores y estudiantes, no se tomaron medidas para detener el problema.
El 12 de diciembre de 2002, antes de ir a la escuela, Paola ingirió unas pastillas de fósforo blanco conocidas como “diablillos”. Estas pueden causar dependiendo de la cantidad quemaduras, daños a los órganos internos y puede ser letal.
En la institución no le brindaron la ayuda necesaria y fue trasladada a un hospital, donde agonizó durante horas y murió en la madrugada del día siguiente.
En 2003 y 2004, la madre de Paola presentó diversos escritos al Ministerio de Educación, donde señalaba la falta de apoyo a la adolescente.
Instancia Internacional
En 2006, la madre de Paola presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el apoyo legal del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) de Guayaquil y el Centro de Derechos Reproductivos.
En 2018, la Comisión emitió el Informe de fondo, en el que se concluye la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la honra y la dignidad, al derecho a la especial protección del Estado en su condición de niña, a la igualdad y no discriminación, a la educación, a la salud a vivir libre de violencia, establecidos en la Convención Americana.
El 24 de junio de 2020, la Corte IDH emitió su sentencia, declarando la responsabilidad internacional de Ecuador por violaciones a diversos derechos de la adolescente y de sus familiares, ordenando medidas de reparación inmediatas.
Entre otras medidas de reparación, el Ecuador debía declarar un día oficial de Lucha contra la violencia sexual en las aulas. Así quedó establecido, por decreto presidencial. que cada 14 de agosto se conmemore el Día de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas.
Estas son algunas medidas que aún no ha implementado el estado ecuatoriano:
- Contar con estadísticas permanentes y actualizadas en relación a los casos o situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas.
- Lograr la detección y denuncia de casos de violencia sexual contra niñas o niños.
- Llevar a cabo procesos de capacitación de personal educacional para abordar y prevenir situaciones de violencia sexual.
- Tener programas y protocolos de orientación, asistencia y atención a las víctimas de violencia sexual y sus familiares.
Cifras
Ecuador es uno de los países en América Latina con mayores índices de embarazos en niñas y adolescentes. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) calcula que el 12% de niñas de 10 a 19 años han estado embarazadas al menos una vez. En el Ecuador se reconoce que el 80% de los casos son consecuencias de abusos sexuales. Es decir que 111 de cada 1 000 niñas quedan embarazadas entre los 15 y los 19 años.
Asimismo, existe 64,9% de mujeres que ha vivido algún tipo de violencia de género y el un 19,2% de mujeres ha sido víctima de violencia en el ámbito educativo.
La Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 132 prohíbe a los y las representantes legales, directivos, docentes de las instituciones educativas lo siguiente:
- Cometer infracciones de acoso, abuso, violencia sexual u otros delitos sexuales;
- Incumplir la obligación de denunciar a las autoridades en casos de acoso, abuso, violencia sexual u otros delitos sexuales cometidos por funcionarios educativos. La omisión injustificada de esta obligación dará lugar a la destitución.
El caso de Paola es el primero en llegar a instancias internacionales, y recibir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Redacción: María José Carrión.