“Queda pendiente que los Estados cumplan con debida diligencia con una serie de medidas de recopilación de información y desclasificación de documentos de forma sistemática”, dice otra parte del documento
Punto Noticias. “Resultaría deseable que el Estado examine a través del procedimiento idóneo que contemple la ley nacional, el efecto de las descoordinaciones y omisiones identificadas en este informe”, dice una parte del informe final que presentó el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este jueves 12 de diciembre de 2019, sobre el secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio, Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra.
El documento también señala que “es indispensable” desclasificar la información en poder de las Fuerzas Armadas de ambos países (sobre operativos en la zona durante el secuestro, y labores de inteligencia o de investigación para dar con el paradero de las víctimas secuestradas).
El ESE espera que este informe contribuya al acceso a la verdad de las familias y la sociedad de ambos Estados. No obstante, indica, “aún queda pendiente que los Estados cumplan con debida diligencia con una serie de medidas de recopilación de información y desclasificación de documentos de forma sistemática, relativas a distintas esferas que rodean a los acontecimientos y que permitirían a los familiares hacerse una composición completa de los hechos”.
Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl, “es inaudito que existiendo un ofrecimiento públicopor parte del presidente Lenín Moreno sobre la desclasificación de la información del Consejo de Seguridad Pública, las autoridades pertinentes no lo hayan llevado a cabo. No existe ningún indicio de que la información entregada haya tenido carácter de desclasificado», reclamó.
Además, el ESE recomienda que Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación (CORDICOM) y la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia deberían establecer un protocolo común para intercambiar información sobre las zonas de frontera en las que existan diferentes riesgos para el ejercicio del periodismo y articular las medidas de protección necesarias al interior de cada Estado para que las coberturas se lleven adelante bajo medidas de prevención y protección para mitigar el riesgo.
El secuestro de los tres trabajadores de El Comercio ocurrió en marzo de 2018, en medio de una crisis en la frontera norte de Ecuador. En abril, el presidente Moreno anunció el asesinato de Paúl, Javier y Efraín. Sus familiares aún exigen verdad y justicia en este caso. Consideran que este informe permitirá llegar a la verdad.
Fuente: CIDH