Los realizadores del informe concuerdan que, en Ecuador, lo que hicieron las autoridades fue encontrar tipos penales que podían hacer “click” con la versión mediática.
Punto Noticias. Quienes trabajan y aportan en la seguridad digital son considerados como una amenaza y son criminalizados, en la mayoría de ocasiones, utilizando el aparato gubernamental para ese propósito. Como el caso de Ola Bini, en Ecuador.
Encontrar e informar vulnerabilidades en los sistemas informáticos debería ser una labor reconocida por su aporte a la garantía de los derechos digitales. Sin embargo, en América Latina, es todo lo contrario.
Este es uno de los principales hallazgos del informe “La persecución de la comunidad de seguridad informática en América Latina” publicado por Access Now (organización global dedicada a la lucha por la vigencia de los derechos humanos en el ámbito digital), que se basa en investigaciones y análisis de la Clínica de Ciberderecho de la Universidad de Harvard.
Tanto en la ley como en la práctica, los gobiernos de Argentina, Colombia, Ecuador y México (países en los que se realizó la investigación) propician un trato perjudicial y discriminatorio a quienes trabajan en seguridad digital y derecho a la privacidad.
Sobre Ecuador, señalaron que es un ejemplo de persecución la situación del informático sueco Ola Bini, quien enfrenta un proceso judicial desde abril del 2019.
El informe advierte que la legislación ecuatoriana relacionada con la seguridad informática posee un lenguaje demasiado amplio y vago, que no permite la caracterización específica de un delito; por tanto, el tipo penal queda sujeto a interpretaciones, lo cual representa una amenaza y deja abierta la posibilidad del uso de la ley para criminalizar.
Gaspar Pisanu, uno de los expertos que elaboró el informe, dijo que el caso de Bini es emblemático en la región. “Lo que hicieron (las autoridades) fue cuadrar actuaciones dentro de un delito penal en contra de una persona, pero cuando se remite a las pruebas es todo lo contrario”, alertó.
Fernanda Gómez, también autora del informe, agregó que en la investigación nunca se definió con evidencia que realmente se dio el ataque informático por el que es acusado Bini. “Encontramos que no había un hilo conductor entre las versiones de los hechos. Lo que hicieron fue encontrar tipos penales que podían hacer click con la versión mediática y que podía ser lo más factible que pudo pasar para poder culparlo”, cuestionó.
El informe concluye que en el país, quienes trabajan en seguridad digital en Ecuador no poseen ningún tipo de puerto seguro para la investigación y denuncia de vulnerabilidades.
Sobre el caso de Ola Bini, el documento señala que asumiendo que su juicio será justo, tarde o temprano, el caso no debe terminar solo al ratificarse el estado de inocencia del informático, sino que debe establecer un precedente para garantizar que quienes se dedican a la investigación de seguridad digital no sean penalizados por su trabajo en el futuro.