Anunciaron que impulsarán los mecanismos legales y políticos para defender esta decisión en las instancias en que sus detractores deseen llevarlas.
Punto Noticias. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) informó que las amnistías entregadas a 268 defensores de derechos, de la naturaleza, luchadores sociales y perseguidos políticos son legítimas. Lamentan que para algunos defensores la amnistía llegó tarde.
La organización recuerda que la Asamblea Nacional tiene la potestad de otorgar amnistías, según el numeral 13 del artículo 120 de la Constitución, en donde se establece: “Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de dos terceras partes de sus integrantes».
Explican que un delito tipificado en la normativa penal puede, por excepción, considerarse un delito político si su comisión está vinculada con un determinado momento histórico y bajo ese objetivo de transformación. «Lamentablemente, la valoración del delito político es subjetiva y se la hace bajo la óptica del bando ganador. Si la transformación social fue exitosa, el delito político se convierte en un acto heroico, si el objetivo fracasa y las élites políticas y económicas cuestionadas se mantienen en el poder, el delito político se convierte en delito penal y se busca su judicialización y sanción, a manera de castigo y como disuasivo para futuros cuestionamientos al poder», señala INREDH.
sobre los defensores de la naturaleza, cuestionaron que «las empresas, con la complicidad del Estado, han usado de forma estructural el sistema de justicia para hostigar y perseguir a quienes defienden la naturaleza, encarcelando a unos y obligando a vivir en la clandestinidad a otros».
Víctor Guaillas era defensor del agua en Molleturo, pero fue perseguido y encarcelado. A él, la amnistía le llegó muy tarde. Fue asesinado en la última masacre de la penitenciaria del Guayas, en noviembre del año pasado.
Sobre quiénes han defendido la propiedad comunitaria, amenazada por intereses de corporaciones urbanísticas. «La amnistía no solo es un reconocimiento a sus luchas, sino que debe interpretarse también como el respaldo a sus deseos de vivir en paz, en el seno de sus comunidades y en una tierra cuya propiedad no pueda ser puesta en riesgo por quienes ven en la tierra un recurso a explotar para engrosar su riqueza personal».
INREDH reconoce como legítimas las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional y anuncia que está dispuesto a impulsar todos los mecanismos legales y políticos para defender esta decisión en las instancias en que sus detractores deseen llevarlas.
La organización se refiere a la acciones que grupos de la sociedad civil y el Gobierno han anunciado. Por un lado, Patricio Alarcón dijo que presentarán una acción de protección. Mientras que el vocero de Gobierno, Carlos Jijón, informó que analizan todas las opciones constitucionales para oponerse legalmente a lo resuelto por el Parlamento ecuatoriano.