Las amenazas que sufre la Función Judicial no solo provienen de la delincuencia, sino de algunos abogados en libre ejercicio. La Fenaje busca un acercamiento con el Consejo de la Judicatura para atender estos temas.
Punto Noticias.- Los ataques a los servidores judiciales no solo provienen de la delincuencia organizada, sino hasta de algunos abogados en libre ejercicio. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (Fenaje), Marcelo Guerra, así lo dio a conocer.
En un diálogo con Radio Pichincha, Guerra hizo un resumen de todos los atentados que se han registrado en las distintas unidades judiciales en lo que va del año. Hasta junio se reportaron seis atentados, por lo que exhortó al Consejo de la Judicatura (CJ) a que coordine una mayor presencia de la escolta judicial o contrate guardias de seguridad.
Sostuvo que la primera amenaza de bomba se reportó el pasado 17 de marzo en el Edificio Matriz del Consejo de la Judicatura, en Quito. Luego, el 11 de mayo, se dieron amenazas en los edificios provinciales de la Judicatura en Pichincha, Manabí e Imbabura.
El 24 de mayo, en cambio, la amenaza de bomba se reportó en la Casa Judicial de Quevedo. Mientras, el pasado 2 de junio se suscitó un incendio en la Unidad Judicial de Esmeraldas.
Tres días después, se suscitó un ataque armado en el Complejo Judicial de Santo Domingo que dejó como saldo una persona fallecida. En esa misma unidad judicial, se reportó una amenaza de bomba el pasado 20 de junio.
Ante esta serie de incidentes, Guerra señaló que los servidores no tienen una seguridad efectiva para laborar en sus oficinas.
Instó al Consejo de la Judicatura para que se ponga en marcha un instructivo, con el fin de precautelar la seguridad de jueces y demás funcionarios judiciales.
Expuso que, con los atentados y amenazas, el clima laboral se ve afectado porque se genera inestabilidad en el ejercicio de la independencia e imparcialidad.
Comentó que muchas unidades judiciales no cuentan con la escolta judicial y que por ende son vulnerables a los ataques delincuenciales.
“No se sabe qué personal ingresa, con qué fin, tampoco se sabe si hay gente armada. Hay unidades que no tienen ni cámaras de seguridad”, recalcó.
Pidió al gobierno del presidente Guillermo Lasso que garantice la seguridad para los usuarios del sistema de justicia, ante lo que consideró un ataque directo a la independencia judicial.
A estos hechos, Guerra sumó uno que es un ejemplo de la agresión a los funcionarios.
El pasado 4 de julio, en una unidad judicial de Quito se cometió en flagrancia un delito de injurias en contra de una jueza. El motivo fue que los abogados de un caso esperaban en la sala de audiencia y por una puerta particular, por donde solo deben salir los jueces, salió la magistrada, pero también el defensor público. Situación que motivó la reacción de uno de los abogados que cuestionó el hecho de una manera inadecuada.
Según el titular de la Fenaje, el abogado le habría dicho a la jueza que estaba negociando con el defensor público.
Guerra señaló que como este caso hay otros que derivan en un maltrato por parte de los abogados en libre ejercicio.
Sostuvo que se prepara un informe con el parte policial de la escolta judicial para formalizar la denuncia y que se sancione al abogado por la actitud desafiante con la jueza.
Para la próxima semana, el titular de la Fenaje tiene previsto reunirse con el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, para analizar estos temas.
El servidor judicial manifestó que el Consejo de la Judicatura, como órgano administrativo de la Función Judicial, debe garantizar respeto hacia los funcionarios a través de la publicación de un artículo en el que se mencione que dicha falta termina con una detención.
A escala nacional son aproximadamente 11 500 funcionarios judiciales entre jueces, secretarios, ayudantes judiciales, personal jurisdiccional y administrativo que requieren seguridad.