Sus efectos afectarían al agro y la generación de empleo, según conocedores del tema.
Punto Noticias. El proyecto de la Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal establece un impuesto temporal, por dos años, sobre el patrimonio.
El presidente Guillermo Lasso propone que el impuesto lo paguen alrededor de 20.000 personas y empresas. Los expertos en la temática advierten que los efectos de este gravamen afectarían al agro y la generación de empleo.
A decir del ministro de Economía, Simón Cueva, se espera recaudar $700 millones, en 2022 y 2023, sumados otros $700 millones mediante la reducción del monto que se puede deducir como gastos personales para el pago del impuesto a la renta (IR).
De acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, el impuesto lo pagarán las personas que tengan un patrimonio individual igual o mayor a $500.000. En el caso de sociedad conyugal, el monto es igual o mayor a $1 millón.
Para efectos del impuesto, el patrimonio es la suma de todos los activos (casas, terrenos, acciones, cuentas bancarias, etc.), menos todas las deudas y obligaciones pendientes (préstamos, hipotecas).
Para ejemplificar, si tiene una casa por $350.000 y otros activos por $200.000; pero tiene créditos por pagar por $80.000, ya no aplica para la contribución temporal
Las empresas con un patrimonio neto (activos menos deudas) igual o mayor a $1 millón también estarán obligadas a cumplir con el impuesto, si cumplen dos condiciones adicionales: que la sociedad haya generado utilidad gravable en el ejercicio económico 2020 y que las ventas de la sociedad en el ejercicio económico 2020 hayan sido superiores a las ventas realizadas en el ejercicio económico 2019.
A criterio de Patricio Alarcón, ex presiente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), el gobierno de Lasso sigue una receta ya vista, que inevitablemente dará los mismos resultados: “economía estancada y estado obeso”.
“Se busca sacrificar liquidez del privado para seguir pagando un Estado ineficiente. Pensar en impuesto al patrimonio es un error. El patrimonio no es liquidez”, en su opinión.
Recordó que en la época de Rafael Correa cobraron un impuesto al patrimonio del 0,9 % por una sola vez.
Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, comparte el criterio de Alarcón. Advirtió que el sector agrícola sería fuertemente golpeado.
“Las tierras productivas son patrimonio y en gran medida están a nombre de personas naturales. Excluir las tierras rurales productivas del cálculo para el impuesto al patrimonio es fundamental”, planteó.
La propuesta del gobierno excluye del pago a las empresas públicas y los terrenos que estén en bosques primarios y zonas de diversidad ecológica.
La investigadora del Cato Institute Gabriela Calderón cree que el presidente Lasso está mal asesorado y que ese tributo es obsoleto y económicamente ineficiente.
Fuente: La Hora.