El gobierno japonés y la empresa Tokyo Electric Power Co (TEPCO) deberán indemnizar con casi 420 millones de yenes, menos de 4 millones de dólares a 152 vecinos de la central de Fukushima que sufrió los terribles daños irreversibles en 2011.
La catástrofe nuclear obligó a decenas de familias a huir por la negligencia tanto del Estado japonés en lo que se refiere a control y de la empresa por no haber evaluado correctamente los riesgos.
“Podían haber evitado el accidente si hubieran tomado medidas”, declaró el juez Ken Nakadaira sobre la responsabilidad del gobierno y TEPCO, en lo que se convierte en el quinto fallo que responsabiliza a un Estado por fallos nucleares, desde el que impactó al planeta ocurrido en Chernóbil en 1986.
En marzo de 2018 un tribunal de Kioto, en el oeste de Japón, había dictaminado que la responsabilidad del gobierno y de TEPCO y les ordenó pagar 110 millones de yenes a 110 residentes de Fukushima.
En septiembre de 2017 un tribunal de Chiba, deslindó la responsabilidad estatal y solo condenó al operador energético.
Fukushima es una zona devastada, de la que han huido doce mil personas que no quieren tener más contacto con la radiación y han emprendido demandas colectivas en diferentes tribunales.