La Fiscal General del Estado explicó que la protección a los funcionarios se ha debilitado producto de la reducción presupuestaria.
A medida que la delincuencia y los actos de violencia se toman las calles en Ecuador, los magistrados, fiscales, defensores y otros funcionarios judiciales denuncian ser el principal blanco de amenazas por parte de criminales o miembros de bandas delictivas.
De acuerdo con las cifras del Consejo de la Judicatura, 43 servidores judiciales han sido amenazados y han solicitado protección policial en los últimos tres años. Uno de estos casos es el del fiscal de Naranjal, quien recibió en la puerta de su casa un ramo de flores con un mensaje en el que se le exigía que se apartara de la investigación de un caso de delincuencia organizada bajo la amenaza de serias consecuencias.
Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro y Los Ríos son las provincias con mayor número de casos. En lo que va 2022 también se han registrado 10 nuevas solicitudes de protección y resguardo, aunque lamentablemente ya existen casos de funcionarios judiciales que ya perdieron la vida como el pasado 25 de mayo, cuando un grupo de criminales acribillaron en Manta a una fiscal de Manabí.
Un hecho similar ocurrió a penas 6 días después de la muerte de la fiscal manabita, cuando la Unidad Judicial del cantón Pueblo Viejo, en Los Ríos, fue asaltada por criminales sin identificar, quienes creyendo que las oficinas se encontraban ocupadas, abrieron fuego sin importarles la seguridad del resto del personal de la institución. En este atentado el juez pudo salir ileso debido a que ese día no se encontraba en su despacho.
Ante esto, La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, exigió al gobierno mayor protección y garantías para ejercer su trabajo, advirtiendo que de “llegarse a dar más agresiones de este tipo en contra de funcionarios, será única responsabilidad de las autoridades actuales brindar seguridad y garantizar el bienestar de los miembros de la asociación y sus familias, ya que muchas veces las amenazas de los criminales también van dirigidas a los hijos de los funcionarios y sus conyugues.
Las autoridades competentes por su parte explicaron que los funcionarios judiciales amenazados deben remitir una solicitud de protección a la autoridad de la institución de la Función Judicial. Luego, la entidad remite el oficio al Ministerio del Interior y a través de la Subdirección Operativa de Seguridad y Protección de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional se realiza el análisis de riesgo y se otorga la protección requerida.
No obstante, la fiscal general, Diana Salazar, reveló que solo cuenta con 119 agentes a escala nacional para proteger a 1 100 personas en riesgo; por lo que el 27 de mayo de este año, declaró en emergencia al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos, debido a la disminución presupuestaria
Redacción Ángel Cóndor