También dictó una reparación material por la suspensión de la radio, que estuvo fuera del aíre por más de 15 días.
Punto Noticias. El juez Mario Cadena aceptó la acción de protección a favor de Radio Pichincha Universal y reconoció que hubo una vulneración al derecho al debido proceso, en cuanto a la motivación, y al derecho de libertad de expresión, con la suspensión de actividades de la radiodifusora por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), entidad que, junto a la Procuraduría General del Estado (PGE) apelarán esta decisión.
La defensa de Pichincha Universal argumentó que hubo la vulneración a dos derechos constitucionales. “Derechos vulnerados por la ARCOTEL al momento de iniciar un proceso sancionatorio administrativo sin que haya una motivación adecuada, fundamentándose en meras afirmaciones de un oficio del Ministerio de Defensa donde hace un análisis desproporcional de consecuencias que supuestamente el país vivió a partir de una entrevista”, dijo Cristian Pérez, abogado de la radio.
Esta decisión, dijo, vulneró el derecho a libertad de expresión porque se ordenó la paralización de actividades de la radio el 9 de octubre hasta el 25 del mismo mes. El jurista explicó que esta acción fue atentatoria contra la liberta de expresión, así como la sociedad se vio limitada en su derecho a la información.
De su lado, Ricardo Freire, director ejecutivo de ARCOTEL, dijo que no fue precipitada la decisión adoptada por el organismo porque, explicó, la medida se tomó el 9 de octubre, después de la mencionada entrevista, que es el origen del proceso administrativo en contra de la Radio.
A su criterio, sí hubo respetó el debido proceso y la presunción de inocencia durante este proceso. Además, mencionó que la suspensión “era para evitar que la colectividad en su conjunto se hiciera daño (…) ARCOTEL lo que ha hecho es preservar la seguridad de los ecuatorianos”.
Adoración Guamán, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), presentó un Amicus Curiae, en el cual, argumentó que la suspensión de la ARCOTEL fue «de efecto inmediato y con un daño irreversible a los derechos humanos», entre ellos, el de la libertad de expresión y de información.
Mencionó varios tratados internacionales que ratifican este derecho y recordó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó «su grave preocupación» por el cierre de Pichincha Universal que podría constituir un acto de censura.
El Ministerio de Defensa también presentó un Amicus Curiae. Su representante, María Belén Andrade, defendió el derecho a la seguridad nacional sobre el derecho a la libertad de expresión. Dijo que “declaraciones pueden promover que estas exteriorizaciones de emociones desencadenen en actos de violencia que atenten contra la seguridad nacional”.
El juez, finalmente, reconoció la vulneración al debido proceso y a la libertad de expresión con la suspensión de Radio Pichincha Universal por parte de ARCOTEL y dictaminó una reparación material por los días que se suspendió la señal de la radio y que afectaron a los trabajadores del medio de comunicación.