El caso se deriva de un informe de la Contraloría, que estableció indicios de responsabilidad penal por la adquisición de 100.000 pruebas PCR
Punto Noticias. Este viernes 13 de noviembre de 2020 se instaló la audiencia de formulación de cargos contra Lenin Mantilla, exsecretario de Salud del Municipio de Quito y otras seis personas más por su presunta participación en el delito de peculado, en la adquisición irregular de pruebas para Covid-19.
A su ingreso, Lizardo Díaz, abogado del exfuncionario, aseguró que su defendido es perseguido y que no existió sobreprecio en la compra de las pruebas. Luego más de dos horas, el juez dictó prisión preventiva en contra de Mantilla, de quién se desconoce su paradero, y Alejandro V., mientras que los otros cinco procesados deberán cumplir medidas alternativas.
🔴 #ATENCIÓN l Lizardo Díaz, abogado del exsecretario de @saludquito, Lenin Mantilla, asegura que su defendido es perseguido y que no existió sobreprecio en la compra de insumos médicos. "¿Qué sobreprecio? Si no había un precio referencial", aseveró. Video: @enindefension. pic.twitter.com/NEqwBci1re
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) November 13, 2020
El caso se deriva de un informe de la Contraloría General del Estado de julio pasado. El organismo estableció indicios de responsabilidad penal por la adquisición de 100.000 pruebas de diagnóstico PCR realizado por la Secretaría de Salud, dirigida por Mantilla, en abril de este año. Ese informe tomó la Fiscalía e inició un expediente por peculado.
Hay al menos cuatro inconsistencias en el proceso de compra. Una de ellas, es que Mantilla no presentó el plan de contingencia requerido por el alcalde de Quito Jorge Yunda que determine las características de la necesidad. Es decir, la compra se hizo sin claridad en los objetivos, el número de pruebas que se aplicarían y la capacidad para el procesamiento de resultados.
Según la Contraloría, incluso, no se incluyó un análisis comparativo de los artículos y precios ofertados a la Secretaría que establezca de forma adecuada el presupuesto referencial.
Mantilla, quien es médico de profesión, argumentó que, más allá de precios, hay que analizar que se cumplan con las especificaciones previstas en la ley y que de eso se encargó una comisión.
Por este caso, la Fiscalía allanó su vivienda, las oficinas de la Secretaría de Salud y las instalaciones de la empresa proveedora de los insumos médicos.