Está acusada del delito de tráfico de influencias, en la fallida compra de kits alimenticios con sobreprecio.
Punto Noticias. La mañana de este viernes 6 de noviembre de 2020, se instaló la audiencia preparatoria de juicio contra María Alexandra Ocles y otros, por presunto tráfico de influencias, en la fallida compra de kits de alimentos durante la emergencia sanitaria.
Al final de la audiencia, Ocles, ex directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) sabrá si es llamada a juicio. También son procesados César E., subsecretario de Preparación de Respuestas; Jorge O., analista de Atención Humanitaria; Mauricio C., director de Atención Humanitaria; Ramón R., coordinador general Administrativo-Financiero del SNGR, y el último en ser vinculado a la investigación, el 15 de agosto pasado, y por quien pasó la instrucción fiscal de 90 a 120 días, fue el analista de operaciones del SNGR Carlos M.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, asiste a la diligencia judicial, que está presidida por la jueza Daniella Camacho, quien conocerá el dictamen abstentivo, acusatorio o mixto que emita el fiscal general subrogante y a partir de ello la jueza resolverá si los llama o no a juicio.
La investigación en este caso comenzó por un presunto sobreprecio en la adquisición de 7.000 kits alimenticios, que no se concretó debido a las denuncias. El 1 de abril del 2020, Ocles firmó un contrato para adquirir estas canastas, para entregar a la población afectada por la emergencia sanitaria del covid-19.
La Contraloría General entregó nuevos datos a la investigación, siete meses después de que arrancara este proceso penal. Emitió un informe de 37 páginas, que determinó que Ocles sí firmó el contrato, con un sobreprecio del 40,23 %. El documento detalla que el convenio costó USD 1.055.740, cuando se debió pagar solo USD 706.790.
Los 18 productos de cada canasta costaban 150 dólares con 82 centavos, más IVA, pero en realidad se debía pagar 95 dólares con 17. Centavos, según la comparación entre el valor del contrato por cada kit frente al precio establecido en el mercado, realizado por los auditores.
Según Contraloría, el Servicio de Gestión de Riesgos le adjudicó este contrato a un proveedor que ofreció los alimentos al doble o triple del precio del mercado. El informe estableció otras siete irregularidades; por ejemplo, el personal que estuvo encargado de comprar los kits no solicitó el desglose de los precios y tampoco hicieron un análisis pormenorizado de la oferta. El contratista modificó su actividad económica, el día que envío la propuesta para ser tomado en cuenta como proveedor. “No se analizó de manera pormenorizada las razones técnicas, legales y económicas mínimas que debía cumplir el contratista para la ejecución del contrato”, detalla el oficio.
La exfuncionaria sostuvo que el Estado no fue perjudicado con el contrato, porque no se llegó a desembolsar ningún pago y los kits no fueron entregados. Ocles, actualmente, tiene prohibición de salida del país y debe presentarse periódicamente ante una autoridad judicial.
El delito de tráfico de influencias es sancionado con pena de cárcel, de tres a cinco años, según el artículo 285 del Código Integral Penal.
Fuentes: FGE, El Universo, El Comercio.