Se espera que el proceso concluya en tres meses.
Punto Noticias. Este viernes 27 de agosto inicia el proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional (CC). La Comisión Calificadora del proceso será posesionada por Danilo Sylva, titular de la Función de Transparencia.
Conforman la Comisión Édgar Neira y Duna Martínez, en representación del presidente de la República; Medardo Oleas y Luis Fernández, delegados de la Asamblea Nacional; Vanessa Aguirre y Rafael Oyarte, designados por la Función de Transparencia y Control Social.
Los delegados se encargarán de llevar a cabo el sorteo que definirá a los tres jueces que saldrán del organismo. También organizará el concurso de méritos y oposición para designar a los tres nuevos magistrados.
El 5 de febrero de 2019, los nueve jueces de la CC iniciaron funciones. La Constitución establece que el ente se renovará por tercios, cada tres años; el cambio se debe realizar el 5 de febrero del 2022.
En el inicio del periodo, los magistrados constitucionales heredaron 2.088 casos rezagados de la Corte anterior. De ellos, un total de 1.631 correspondían a acciones de protección, según datos de la CC.
Ya fueron resueltos 565 de esos procesos que estaban pendientes desde hace varios años, según la actual Corte.
A decir del constitucionalista André Benavides, el balance de estos tres años de la CC, en líneas generales, es positivo. En 2019, emitió 475 sentencias de distinto tipo. En 2020 fueron 910.
Benavides, sin embargo, identifica tres “deudas”. La primera es el establecimiento de reglas jurisprudenciales con relación a las garantías jurisdiccionales, que evitaría que se produzcan enredos como el que vive la Alcaldía de Quito.
El experto plantea que un tribunal de la CC, integrado por los jueces Karla Andrade, Ramiro Ávila y Agustín Grijalva, podría destrabar la controversia jurídica por el Municipio capitalino, entre Jorge Yunda y Santiago Guarderas, quien ingresó una acción extraordinaria de protección.
“Es importante que la Corte dicte jurisprudencia que va a ser aplicada por los jueces ordinarios, para evitar lo que está pasando en el caso Yunda”, insistió Benavides.
El control constitucional es la segunda deuda. Explica que la CC “engavetó” demandas de inconstitucionalidad que pueden resultar incómodas, como la relacionada con la ley de progresividad y simplificación tributaria, vigente desde 2019.
La tercera tiene que ver con las sentencias que “han rebasado competencias constitucionales”. Cita el caso de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Social de las FF.AA. y Policía. “Es llamativa porque les dio la potestad de presentar proyectos de Ley al Isspol y al Issfa”, cuestiona.
Sobre la renovación parcial de la Corte, a mediados de agosto, el Pleno de la CC aprobó el reglamento para el sorteo que definirá la salida de tres jueces, que determina que, desde la convocatoria al sorteo y hasta antes de llevarlo a cabo, los jueces podrán expresar voluntariamente si desean concluir su período de funciones, sin que esto sea interpretado como una “renuncia al cargo”. Esa salvedad generó críticas, pues abre la opción de tres escenarios para el sorteo.
El integrante de la Comisión Calificadora Medardo Oleas anuncia que solicitará una reunión con el Pleno de la CC para tener claros los conceptos. “Esa interpretación de la Corte será materia de análisis”.
Si un juez se va antes del concurso, tiene que ser reemplazado por el magistrado del banco de elegibles. Y ese reemplazante ingresará al sorteo, en opinión de Rafael Oyarte, otro de los miembros de la Comisión Calificadora.
El siguiente paso, una vez posesionada la Comisión Calificadora, será elaborar el reglamento del concurso, que definirá el puntaje que se otorga a los méritos, que, según Oyarte, no puede tener una valoración superior al 30 %.
Oleas propone evaluar los antecedentes éticos, como el pago del impuesto a la renta o la declaración patrimonial de los postulantes.
La Comisión convocará al Ejecutivo, Legislativo y Transparencia, para que envíen a sus candidatos, cuando estén listos los reglamentos. Para evitar “cualquier influencia”, Oleas espera que el proceso de renovación termine en tres meses.
Fuente: El Comercio.