La ministra del Interior, Mónica Palencia, como cabeza del Cosepe, tiene un mes para entregar las actas para conocer cómo se manejó caso de Paúl, Javier y Efraín, de El Comercio, en 2018.
Hace seis años, el lunes 26 de marzo del 2018, Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, equipo de El Comercio, fue secuestrado, en la zona fronteriza de Mataje, en Ecuador. Finalmente, la Corte Constitucional, en este abril 2024, ha aceptado el pedido de que se desclasifiquen al menos tres actas de las reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).
El abogado Mauricio Alarcón informó la noche de ayer, martes 9 de abril del 2024, que la Corte Constitucional ordenó la desclasificación de las actas 18, del 28 de marzo de 2018; 19, del 13 de abril de 2018; y 20, del 17 de abril de 2018. Eso implica los audios, sus transcripciones y la lista de asistentes de las sesiones del Cosepe en relación al asesinato de Paúl, Javier y Efraín (#NosFaltan3).
El secretario del Cosepe, es decir Mónica Palencia, actual ministra de Gobierno y del Interior, debe entregar inmediatamente o hasta en un plazo máximo de 30 días, mediante declaración juramentada, las tres actas a la familia del equipo periodístico de El Comercio y sus abogados. Se trata de Ricardo Rivas, Galo Ortega y Cristhian Segarra.
Además, Palencia está obligada a dentro de los cinco días, contados a partir del cumplimiento de la medida, presentar a la Corte Constitucional el respectivo informe de cumplimiento, con el detalle de la información entregada.
El abogado Pablo Albán, que ha liderado este proceso ante la Corte Constitucional, conversó con Radio Pichincha. Así, él explicó que es difícil saber exactamente la trascendencia de la información hasta que les entreguen las actas.
Sin embargo, anotó Juan Pablo Albán, por lo dicho por los funcionarios públicos en el marco de sus versiones libres en la investigación previa, se trata de información sobre posibles intercambios que se daban con los secuestradores de Paúl, Javier y Efraín y debates en las reuniones del Cosepe.
«Necesitamos establecer qué interacciones se estaban dando con el estado colombiano. Eso también era parte del debate en el seno del Cosepe. Obviamente la información es muy relevante para tener una mejor idea no solo del contexto sino de los hechos en sí mismos, y en qué medida el Estado ecuatoriano con su actuar, provocó o aceleró un desenlace fatal de ese secuestro», apuntó Juan Pablo Albán.
También para Albán y los allegados del equipo de El Comercio es necesario entender la responsabilidad del Estado y el rol individual de los funcionarios del Estado en el desenlace fatal que se produjo.
Se logró. Hoy el corazón va a irse a dormir más tranquilo. A vísperas de los 6 años, la @CorteConstEcu le dice NO a la impunidad. Que esto quede marcado como un precedente histórico para que ningún político improvisado viole DDHH y se pase la ley por donde quiera. Vamos carajo ❤️ https://t.co/A71ONEeLwN
— Ricardo Rivas Nicolalde (@ricardorivas39) April 9, 2024