Para Juan Pablo Albán, ex vocal de la Judicatura Transitoria, hay que rediseñar por completo el sistema de administración de justicia y eso incluye otras entidades como la Defensoría Pública y la Fiscalía.
Juan Pablo Albán, ex vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, destacó que el Caso Purga demuestra que el sistema de justicia ya tocó fondo, por lo que se hace necesario repensarlo y reorganizarlo, empezando por la Corte Nacional de Justicia y las Cortes Provinciales.
“El problema es que nunca llegamos a tener una justicia digna para el pueblo porque cada juez, que entró de manera distinta y que le debe favores a personas o que obedece a la lógica política particular, tiene que comportarse de acuerdo a las circunstancias o al escenario político del momento”, mencionó.
Albán señaló que sí existen funcionarios judiciales con vocación de servicio e interés por rescatar a la justicia del desprestigio institucional en el que se encuentra. Pero también existen personas que ven a ese espacio como una oportunidad para llenarse los bolsillos o beneficiar a los amigos.
Juan Pablo Albán enfatizó en que el rediseño incluye a entidades que comparecen en nombre del colectivo social como es la Fiscalía o la Defensoría Pública, que no registran el mismo número de escándalos. Pero que han tenido situaciones que evidencian criterios de selectividad y poca rigurosidad.
“Hay que cambiar de actitud porque hay un problema serio que compromete el ejercicio de todos los demás derechos”, remarcó.
¿Quién debe evaluar y rediseñar el sistema de justicia?
Juan Pablo Albán sostuvo que el Consejo de la Judicatura es la entidad encargada del proceso de reclutamiento, diseñar los mecanismos de evaluación y verificar el cumplimiento de obligaciones legales que tienen los operadores de justicia. Sin embargo, la Judicatura que ahora está integrada por suplentes, cuenta con poca confianza por las pugnas internas y problemas de toda índole.
“Hay que revisar los procesos de designación de las personas que integran ese Consejo. A lo mejor revisar el Código Orgánico de la Función Judicial, para determinar si las funciones de la Judicatura son necesarias o se necesitan ajustes”, puntualizó.
Albán subrayó que quienes integren la Judicatura deben ser reconocidos por su calidad moral, desempeño, ejercicio profesional o docencia.
El abogado Albán puntualizó que mientras no exista un cambio en el sistema, los comportamientos irregulares de los operadores de justicia y condicionamientos políticos o económicos continuarán siendo el pan de cada día.
“Ahora la visibilización de ciertos actos específicos de corrupción ha llevado a que la sociedad se indigne, pero esa indignación dura poco”, agregó.
Juan Pablo Albán destacó que el caso Purga debe ser una oportunidad para que se desarrollen metodologías y se construyan procesos apropiados para la selección, evaluación de desempeño y verificación de comportamiento de los operadores de justicia.