Con esa acción, el Estado queda en deuda con el derecho a la salud, reclama el organismo.
Punto Noticias. La Defensoría del Pueblo (DPE) expresó su preocupación ante el veto total, por parte del Ejecutivo, al Código Orgánico de la Salud, aprobado por la Asamblea Nacional, el 25 de agosto de 2020, luego de ocho años de debates.
A criterio de la institución que vela por los derechos humanos, hay una evidente deuda primordial y prioritaria del Estado con el derecho a la salud integral de los ciudadanos y, de forma especial, con grupos históricamente excluidos, que no han podido acceder a este derecho durante décadas.
Para la Defensoría, es un hecho que el proyecto de Código Orgánico de Salud, vetado por el Ejecutivo, presentaba avances fundamentales para las mujeres y para personas parte de diversidades sexogenéricas, especialmente, en la garantía de derechos sexuales y reproductivos, así como también en temas como lactancia materna, violencia obstétrica, aborto, atención a personas que ejercen el trabajo sexual, prohibición de terapias de reconversión y prevención de la violencia.
Reconoce que la normativa tenía temas debatibles y con posiciones contrapuestas en la sociedad, que pudieron ser tratadas en las partes pertinentes, a través de un veto parcial.
Cree que el presidente de la República, en su calidad de colegislador, dejó de lado esta oportunidad y con su decisión bloquea la posibilidad de que este Código sea debatido por la Asamblea Nacional por un año, con lo que la opción de contar con un marco normativo que proteja y garantice el derecho a la salud integral queda, una vez más, como una deuda del Estado.
Reclama la DPE que es verdaderamente lamentable que el mandatario haya perdido la posibilidad de dar al país un nuevo marco normativo, que permita una verdadera protección y promoción del desarrollo del derecho a la salud.
Destacó que el Código recoge la normativa de la Ley Orgánica de Salud, Ley Reformatoria del Sistema Nacional de Salud, Ley Orgánica de Discapacidades, Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de salud, Ley 67, para incluir el Tratamiento de las Enfermedades Raras o Huérfanas y Catastróficas, Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de órganos, tejidos y células, Ley de donantes voluntarios de sangre, Ley de derecho y amparo al paciente, Ley de medicamentos genéricos de uso humano, Ley de maternidad gratuita y atención a la infancia, Ley de fomento, apoyo y protección a la lactancia materna, entre otras.
La DPE sostiene que el proceso de debate durante cerca de ocho años, fue trabajado con una amplia participación de actores sociales, políticos, y, especialmente, de las propias autoridades de salud, que estuvieron presentes en el proceso legislativo.
Estima que el texto aprobado por la Legislatura representaba un avance en el ejercicio del derecho a la salud de todos los habitantes del país. En este cuerpo legal se atendían los problemas de salud pública que aquejan a nuestra sociedad y disponía la implementación de políticas públicas específicas y especializadas para su atención de manera prioritaria con un enfoque de derechos, en temas como suicidio, consumo problemático de bebidas alcohólicas, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, embarazo adolescente, mortalidad materna, aborto por condiciones de riesgo, transmisión del VIH, sobrepeso y obesidad, especialmente, en niños, niñas y adolescentes, entre otros.
El Código recogía muchas de las recomendaciones emitidas por varios comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas y obligaciones establecidas en sentencias, a escala nacional e internacional, como la de Paola Gúzman, con lo que daba cumplimiento a las obligaciones del Estado con los diferentes tratados y convenios en materia de derechos humanos y, específicamente, con derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, mujeres y personas parte de diversidades sexogenéricas.