El Gobierno de Guillermo Lasso ha entrado en una pugna y voracidad de poder, agregó.
Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, destacó que la Presidencia de Hernán Ulloa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es ILEGAL, aun cuando afirman que han actuado bajo el Código Orgánico Administrativo pues ese cuerpo legal es norma supletoria ya que la entidad tiene su propia Ley de Participación Ciudadana donde no se habla de remoción de autoridades.
“No tenían la facultad de remover, los vocales solo pueden designar”.
Mencionó que solo en caso de ausencia de la Presidenta, en este caso Sofía Almeida, era su Vicepresidente quien debía asumir la titularidad, es decir David Rosero y solo ahí el Pleno del CPCCS podría elegir y designar un nuevo Vicepresidente, pero incluso en este caso removieron sin base legal.
“Se cometieron una serie de ilegalidades sin nombre en el proceso de remoción”.
Criticó que el organismo de Participación Ciudadana nunca haya cumplido su función, pese a que su objetivo era evitar la injerencia política para que sea la ciudadanía la que designe autoridades de control: “Durante mucho tiempo hubo un partido único que controló esa Institución y luego de Julio César Trujillo es objeto de pugnas de poderes”.
Criticó que el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, que en campaña aseguró eliminar el organismo o restarle atribuciones hoy también haya entrado en pugna y voracidad de poderes, más aún cuando el CPCCS tiene en sus manos la designación de Contralor.
“Ha entrado en lo que muchas veces criticó que es intentar controlar políticamente a un organismo supuestamente guiado por la participación ciudadana”.
Para Muñoz la potestad de designar autoridades de control debería regresar a manos de la Asamblea Nacional pero con veeduría ciudadana, impugnación y audiencias cara a cara con los candidatos.
Sobre las dos sentencias contradictorias que tienen a favor tanto Almeida como Ulloa, aseveró que ambas deberán ser confirmadas en apelación y de ser así, pasará a la Corte Constitucional, la cual tendrá la última palabra.
Respecto a la solicitud de juicio político contra cuatro de los siete consejeros del CPCCS, el jurista indicó que el incumplimiento de funciones es de todo el Pleno y sobre ello reprochó que una vez más se evidencia la debilidad de la institucionalidad del organismo, pues esto mismo ya pasó con Rosa Chalá, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Jorge Tuárez salieron.