Yo no asistí a la audiencia porque no iba avalar con mi presencia un acto de esta magnitud mientras Ecuador necesita dedicarse a cuidar enfermos y enterrar muertos.
Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa, calificó a la sentencia del caso “Sobornos 2012-2016” como un distractor y una bomba de humo para tapar la ineficiencia del Gobierno en el manejo de la crisis sanitaria.
El jurista criticó que tanto ayer martes como hoy 9 de abril, la mayoría de medios de comunicación se dedicaron a bombardear a la ciudadanía que buscaba recibir cifras de contagiados por coronavirus pero en su lugar tuvo una respuesta política.
“Yo no asistí a la lectura del fallo porque no iba avalar con mi presencia un acto de esta magnitud, mientras Ecuador necesita dedicarse a cuidar enfermos y enterrar a sus muertos”.
De otro lado, Jarrín indicó que la sentencia es una burla porque aunque los jueces utilizan el mismo tipo penal planteado por la Fiscalía sobre cohecho, no usan la teoría del caso, afirmando que no se ajusta a una estructura criminal y que el expresidente Rafael Correa, más bien, es autor mediato por instigación, es decir por haber permitido la integración de la supuesta red.
“Y si fuese red, el delito es asociación ilícita, pero no lo usaron sino más bien apuntaron al cohecho para juzgar en ausencia y sin prescripción. Se rompió el principio de congruencia”.
A criterio del abogado, los magistrados tomaron una norma más gravosa para afectar al exmandatario e impedir que tenga derechos políticos por 25 años: “Han hecho una fanesca de lo que debería ser obtener la seriedad de un proceso que venía con serias dificultades”.
En este contexto puntualizó que hay una ruindad gigantesca en el caso y por tal razón presentó una denuncia del llamamiento a la audiencia de lectura de sentencia ante la Relatoría de Independencia de Jueces y Fiscales y además una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se garantice el derecho a la salud y a la integridad: “Pero no llegó la respuesta a tiempo”.
Sobre la denuncia de una funcionaria de la Corte Nacional de Justicia de un supuesto intercambio de información entre los jueces que llevaban el caso y la Fiscalía General del Estado, Jarrín indicó que solicitará una pericia al respecto porque se habría podido evidenciar que el nombre de quien está involucrada de apellido Caiza sí consta en la nómina de la Fiscalía.
Pese a ello, destacó que en este proceso nada está dicho pues esta lleno de nulidades y dificultades: “Dadas las circunstancias políticas y la pérdida de control del Gobierno sobre las Instituciones cada día más visible, creo que los jueces en las siguientes instancias van a poder resolver de manera más libre”.