La causa es la afectación económica que sufrieron las empresas públicas, a decir de los funcionarios del Ejecutivo.
Punto Noticias. Con el argumento de reducir el gasto corriente, para destinar más recursos a la lucha contra la emergencia económica y sanitaria, provocada por el virus de la Covid-19, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, emitió el procedimiento para la supresión de puestos en las instituciones del sector público.
El proceso se llevará a cabo bajo principios de racionalización, priorización, optimización y funcionalidad, respondiendo a instancias de diagnóstico y evaluación, como manda la Losep, según los voceros del régimen. El artículo 60 de la ley indica que la supresión implica la eliminación de la partida respectiva y la prohibición de crearla nuevamente durante dos años, salvo casos justificados.
De acuerdo a las cifras oficiales, hasta antes del proceso de supresión de puestos, han sido desvinculados alrededor de ocho mil empleados del sector público, 4.000 de contratos de servicios ocasionales y 4.000 de nombramientos provisionales. Algunos medios de comunicación hablan de más de 10.000.
Estas cifras no incluyen a los servidores públicos que quedarán en la desocupación, con la eliminación de las empresas del Estado, dispuesta por el presidente Lenín Moreno.
En este marco, el Grupo Parlamentario por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores recibió las comparecencias del ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, y de las autoridades de las empresas petroleras y eléctricas.
Ortiz alegó que estos procesos de desvinculación se derivan del Covid-19, cuya presencia afectó la economía, el mercado y los precios.
Según Juan Carlos Bermeo, gerente general de Petroamazonas, las acciones institucionales han estado encaminadas al cuidado de la salud de los trabajadores, con mayor énfasis en la emergencia sanitaria.
Ello no impidió que se supriman 590 vacantes, confirmó Bermeo, quien dijo que se ha ahorrado, cada año, 13 millones de dólares; asimismo, se han optimizado 48 puestos. En la actualidad existen 6.800 personas en la nómina, de las cuales 4.800 laboran en campo.
Pablo Flores, de Petroecuador, señaló que la empresa terminó la relación laboral con 79 servidores públicos, con nombramientos provisionales, y 25 que tenían, desde hace varios años, remuneraciones sobrevaloradas, que ingresaron con escalas salariales altas. En la actualidad, existen 3.771 trabajadores en nómina.
Gonzalo Uquillas de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) informó que se han concretado 57 desvinculaciones, principalmente de servidores públicos que han optado por el beneficio del retiro voluntario, en el marco de la pandemia, que también provocó la reducción de 180 millones de dólares para la entidad.
Fuente: Asamblea Nacional/prensa.