Mientras, parlamentaria separada de la ID denuncia imposiciones inconstitucionales por parte de la dirigencia.
Punto Noticias. Juan Lloret, asambleísta de UNES, considera que deben dar la cara al país (para explicar sus pormenores) los actores del acuerdo CREO-ID-Pachakutik e independientes, para la designación de autoridades del Legislativo.
Lloret criticó que esa alianza no pudo llegar a más, porque los ejecutantes de esta no han sido capaces de cumplir con la nominación del secretario y prosecretario de la Legislatura, ni la estructuración de las comisiones legislativas permanentes.
El parlamentario de la Revolución Ciudadana defendió el acuerdo que alcanzaron con el PSC y CREO, al que definió como transparente, que puso por delante temas fundamentales, como la vacunación para defender la vida de la gente, en el área económica la eliminación del impuesto del 2% para los microempresarios, la creación de una comisión de la verdad, con el fin de conocer los asuntos judicializados y procesados, entre otros.
Era un acuerdo sin repartos, sin puestos, sin cargos. Era un acuerdo por el país, insistió y lamentó que no se concretó.
A criterio de Lloret, el gobierno de Lasso arranca muy mal, por el acuerdo con PK e ID, porque no tiene por delante una agenda programática, de país o legislativa, porque a la ciudadanía lo que le interesa es que se resuelvan los problemas del país, no asistir a las peleas políticas.
Cómo tener una vacuna universal, sin privilegios; cómo fortalecer el sistema de salud pública; cómo generar empleo, son tres necesidades de este momento, en opinión del legislador de UNES.
Mientras tanto, Amada Ortiz, asambleísta expulsada de la ID por votar a favor del socialcristiano Henry Kronfle, denunció que los dirigentes de esta tienda política la maltrataron e intentaron violentar sus derechos como persona y políticos.
Cuestionó que Guillermo Herrera, presidente del partido naranja, le comunicó que la separaba del bloque parlamentario, cuando este no es asambleísta. “Entiendo que quiso decir que me separa de las filas de la ID, partido al que no llegué a afiliarme en estos cinco meses que estoy militando”, señaló.
Cuestionó su separación porque, según sostiene, no tuvo derecho a la defensa y no incurrió en incumplimiento del estatuto partidario. En cambio, aseguró que ella sí fue víctima de violencia de género.
Ortiz declaró que, de manera autoritaria, la dirigencia de la ID advirtió a los asambleístas que se les permitía únicamente a contratar asistentes, porque los asesores los ponía el partido. Deploró que también se les coartó el derecho a la libertad de expresarse como legisladores, pues las entrevistas y las líneas de los discursos debían ser autorizadas por los directivos.
Los proyectos de ley planteados a favor de las provincias fueron descalificados, aseguró. Por estas razones, Ortiz dice que alzó su voz, porque entendía que estas imposiciones estaban por encima de la Constitución y las leyes.
La parlamentaria narró que su posición no les gustó a los dirigentes de la ID, que desde ese momento fue señalada, con palabras insultantes, como reencauchada y otras, situación que se repitió una y otra vez, en las reuniones, con el propósito de intimidarla y acallar su voz.