El académico Fredy Rivera señaló los pasos para comprobar el hecho, que calificó de grave.
Punto Noticias. Fausto Jarrín, asambleísta de UNES, presentó en la Fiscalía, este lunes 14 de junio, una denuncia para que investigue el préstamo por parte del gobierno de Lenín Moreno de cinco mil granadas lacrimógenas y más de tres mil cartuchos de goma al Ministerio de Defensa de Bolivia, para la represión a las protestas contra la presidenta de facto, Jeanine Áñez.
El legislador dice que ha procurado incorporar la mayor cantidad posible de información y documentación, para que Fiscalía realice lo que debió hacer desde el mismo momento en que se supo de este hecho.
Cuestionó que, en otras circunstancias, ha bastado un tuit, un comentario de Facebook, para que se allanen domicilios, se promuevan proceso penales, para que algunos medios de comunicación, que han hecho del linchamiento mediático su modus vivendi, se transformen en protagonistas de sendos procesos penales.
El parlamentario deplora que, en el caso del préstamo de los pertrechos antidisturbios para la represión en Bolivia, la Fiscalía no haya abierto una indagación sobre este acontecimiento que le parece preocupante, porque se trata de un asunto de intervención e injerencia del Estado ecuatoriano en el golpe de Estado en ese país, en el que se involucró directamente el gobierno de Moreno.
Jarrín señaló que el avión boliviano que vino por el material represivo aterrizó en nuestro país el 15 de noviembre y el 16 de ese mismo mes el gobierno de facto de Bolivia emite un decreto que liberaba de responsabilidades a policías y militares en la contención del levantamiento social.
Exteriorizó su inquietud de que implementos, armamentos, bienes públicos del Estado ecuatoriano hayan sido utilizados para robustecer el atropello a los derechos humanos del pueblo boliviano, así como el atentado a la democracia y al gobierno de facto.
Para Fredy Rivera, docente de FLACSO, este suceso es gravísimo y tiene que ser investigado y aclarado.
Considera que la indagación debe realizarla en el plano legal la Fiscalía General, pero también la Asamblea Nacional en el plano político debe llevar a cabo una investigación pormenorizada sobre el proceso de entrega del material señalado.
Mencionó el académico que hay datos que comprobarán el hecho, porque tiene que haberse registrado la trazabilidad de la bitácora de vuelo del avión C-130 de la Fuerza Aérea boliviana, que aterrizó en Ecuador.
Para saber si fue enviado este materia disuasivo o de guerra, Rivera indicó que el arsenal, los rastrillos de la Policía pasan por controles cruzados al interno de la institución, a través de la Dirección General de Operaciones y de la Dirección General de Logística.
Planteó que deben ser llamados a rendir cuentas quienes estuvieron encargados de los depósitos del material policial, en ese entonces, así como al excomandante general Patricio Carrillo, la inspectora general de esa época y la actual comandante general, Tannya Varela, para armar la trazabilidad de los insumos.
Rivera señaló que en cada operación, por día o por semana, se realiza un arqueo, un conteo del material, que debe registrar una salida y una entrada. Hacer una auditoría de gestión, con responsabilidades políticas y penales.
Le parece que debe ser llamado también el responsable de la Cancillería para conocer si los contactos se hicieron directamente entre las fuerzas policiales de las dos naciones o a través de la embajada de Ecuador en La Paz. Tiene que ser revisada la documentación, aun si es reservada, por parte de la Comisión de Seguridad de la legislatura, que tiene todo el derecho y la potestad para abrir esos documentos, sostuvo el académico.