La mesa de Fiscalización continuó con la sustanciación del proceso.
Punto Noticias. Dentro de la sustanciación del juicio político al ministro de Trabajo Andrés Isch, la Comisión de Fiscalización del Parlamento Nacional recibió las pruebas de cargo de las asambleístas proponentes del proceso, Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga, este miércoles 24 de febrero.
Holguín, quien calificó este proceso como el juicio de los trabajadores, señaló que todo el país sabrá quién está a favor de la gente y quién de los que vulneraron derechos laborales. La pandemia no puede ser excusa para liquidaciones de miseria y más desempleo, reclamó.
No proporcionar acceso a la información pública solicitada por el Observatorio para vigilar la entrega de los carnés de discapacidad, es una de las pruebas del incumplimiento de funciones del funcionario del Ejecutivo, sostuvo.
Otro incumplimiento es no aprobar el incremento del salario básico unificado, como manda la Disposición Transitoria 25 de la Constitución de la República, referente al salario unificado para 2021.
El ministro Isch permitió los despidos de los trabajadores de Explocen, en donde no se garantizaron los derechos, incumpliendo la Constitución y tratados internacionales, acusó Holguín.
Otro incumplimiento de funciones del titular del Ministerio de Trabajo es atribuirse funciones que no le corresponden, en el caso de la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario.
No proteger a las personas en condición de vulnerabilidad, incumpliendo el Art. 11 de la Constitución, es otro de los argumentos de la interpelante para fundamentar el juicio político contra el secretario de Estado.
Mientras tanto, su compañera de bancada (RC), Marcel Aguiñaga señaló que la irresponsabilidad del Ministro de Trabajo permitió vulneraciones a los trabajadores durante la pandemia.
Este juicio político va por los despedidos y agredidos, sentenció.
En suma, Aguiñaga destacó que el proceso se sustenta en que Isch incumplió sus funciones por las siguientes razones:
- Impedir el derecho a la huelga.
- Desacato a la Asamblea Nacional.
- Arrogación de funciones.
- Omisión de personas en condición de vulnerabilidad.
- Denegar el incremento del salario básico unificado.
- Impedir el ejercicio de participación ciudadana.
- No registrar la Inhabilitación de la exministra de Gobierno, María Paula Romo, censurada y destituida por la Asamblea Nacional.