Autoridades de Gobierno comparecieron ante la Corte Constitucional para defender la Ley de Quiebras que plantea reestructurar empresas con problemas de liquidez.
Este 20 de julio de 2023, el presidente Guillermo Lasso y el superintendente de Compañías, Marco López, fueron llamados a comparecer ante la jueza Daniela Salazar de la Corte Constitucional, para defender el cuarto decreto ley del Gobierno, conocido como la Ley de Quiebras o Ley de Reestructuración Empresarial.
La norma, enviada a la Corte el 7 de julio, tiene como objetivo la reestructuración financiera de empresas con problemas de liquidez, pero que aún son viables. El decreto-ley propone regular los procesos concursales o concordatos, permitiendo a las empresas deudoras alcanzar acuerdos de pago con sus acreedores, incluyendo bancos, proveedores y trabajadores.
Este último punto fue señalado no solo por varios analistas sino también por la Corte Constitucional, que cuestionó, en la audiencia, la posibilidad de que los trabajadores «renuncien» a sus derechos como acreedores preferentes.
Ante eso, la Presidencia de la República respondió que no se trata de una renuncia a los derechos laborales sino al cobro de sus acreencias laborales, y que los trabajadores podrían decidir si se acogen o no al acuerdo de pago.
Los argumentos del gobierno
Durante su intervención, el Superintendente de Compañías informó que las fuertes lluvias por el Fenómeno de El Niño podrían afectar gravemente el aparato productivo, y se refirió a la importancia de la proactividad para evitar consecuencias severas. Además, aclaró que las empresas en liquidación no podrían acogerse a los procesos de reestructuración, pero propuso abrir la ley para permitir a empresas revertir su disolución y liquidación.
En representación de la Presidencia de la República, Yolanda Salgado argumentó que la Ley de Quiebras busca fortalecer al sector productivo y enfrentar posibles crisis, especialmente en compañías que operan en la Costa.
También, supuestamente, busca ayudar a empresas que aún no se han recuperado de la crisis económica causada por la pandemia de Covid-19, ya que cerca de 22 000 empresas cerraron durante la emergencia sanitaria. El objetivo es permitir a las empresas acceder a una renovación de crédito o reestructuración empresarial de manera inmediata, salvaguardando así los puestos de trabajo y buscando equilibrar los pagos a los acreedores.