El pasado 10 de febrero el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional devolvió al Ejecutivo el proyecto denominado “Ley Para la Defensa de la Dolarización”, señalando que se detectaron errores de forma. Varios analistas y académicos expresaron su rechazo al espíritu de este cuerpo legal. Eric Stefano Meyer, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, señala en el blog del Observatorio de la Dolarización que esta iniciativa implicaría la “apropiación privada de los beneficios de la actividad bancaria” y que además se privaría “al sector público ecuatoriano de una posible fuente de financiamiento barato y/o de emergencia”. Añade que, en realidad, el proyecto apunta a un alineamiento con las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) al implementar un plan para la “reducción del gasto público”, la “reducción de salarios y otros costos”, políticas que se complementarían con la “privatización-venta al exterior masiva de activos públicos”.
Ideas como estas se repiten a lo largo de más de veinte años. En el 2000, durante el mandato del recientemente fallecido expresidente Gustavo Noboa Bejarano, se aprobó la primera Ley Trole, en realidad se llama Ley Para la Transformación Económica del Ecuador. La razón para este sobrenombre es que se trató de una propuesta que nació en el gobierno de Jamil Mahuad, quien antes de ser presidente se desempeñó como alcalde de Quito. Una de sus principales obras en la capital del Ecuador fue la construcción del trolebús, medio de transporte que lleva varios vagones. Posiblemente, la prensa y los analistas de ese entonces encontraron un símil entre la cantidad de vagones del trole y las múltiples reformas legales contenidas en la ley, se trató de una propuesta que abarcó varias materias, lo levantó sospechas de inconstitucionalidad.
Según recoge la edición del 2 de marzo de 2000 de Diario El Telégrafo, la mayoría que aprobó la ley estuvo compuesta por diputados del Partido Social Cristiano, la Democracia Popular, el Frente Radical Alfarista, el Partido Conservador, Concentración de Fuerzas Populares y Nuevo País. En ese mismo año también se promulgó otra norma con la misma óptica. Se llamó Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, pero se la conoció como Trole II. También reformó cuerpos legales de una amplia gama de materias. El denominador común: la privatización.
La Ley Trole I hizo posible la dolarización. Entre algunas se sus características están: la fijación del tipo de cambio a 25.000 sucres por cada dólar, la prohibición emitir moneda. También se establecen las tasas de interés: a 16,82 por ciento la activa y a 9.35 por ciento la pasiva. Se modificaron las leyes de Telecomunicaciones, Hidrocarburos, del sector eléctrico y se plantea que el Estado podrá vender hasta el 50 por ciento, tanto de sus empresas eléctricas como telefónicas. Se dispone que el Presidente de la República podía concesionar, mediante decreto, la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y se reformó el Código de Trabajo permitiendo la contratación por horas.
Varios rasgos de la Ley Trole II constituyen la ampliación de las posibilidades de participación del sector privado. En hidrocarburos, se permitió la inversión privada en los campos que estaban bajo explotación de Petroecuador, “con el propósito de incrementar la producción”. En cuanto al sector de la comunicación, se suprimió la limitación que existía a la inversión extranjera en las emisoras de radio y televisión. El historiador Juan Paz y Miño además señala como características de estas leyes la “unificación salarial” que suprimió la 15ª y 16ª remuneraciones.
Más de dos décadas después, existen nuevos intentos de ampliar la influencia del sector privado en la economía. La prensa y los analistas actuales volvieron a calificar como leyes trole a proyectos de ley presentados, esta vez, por el presidente Lenín Moreno.
PV