Una nota de Laura Salomé Canteros en el sitio Marcha da cuenta de la decisión tomada por la Corte Suprema y el ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador que conmutaron la condena a 30 años de prisión que pesaba sobre Teodora Vázquez, quien llevaba 10 años y 7 meses en cautiverio por un delito que no cometió.
Teodora es originaria de Ahuachapán, en la zona rural del país centroamericano y se fue a vivir a la capital donde trabajaba “cama adentro” en un liceo. El 13 de julio de 2007 llamó al 911 por unos fuertes dolores que sintió. La ambulancia nunca llegó y ella terminó teniendo un aborto espontáneo. Al llegar la policía a su casa, la detuvieron y desde ese momento no volvió a estar en libertad.
“Me llevaron a una bartolina, pero como me estaba desangrando, me llevaron a una maternidad. Me dieron el alta y al otro día me llevaron de vuelta detenida”, cuenta la víctima de esta aberración jurídica.
No se halló ninguna prueba que pueda presuponer que haya habido una acción voluntaria en el término de la vida del gestante. La Corte Suprema debió favorecerla con la gracia de la conmutación luego de examinar el caso, que fue sostenido por agrupaciones feministas. En dos ocasiones se había denegado la libertad de Teodora.
La absolución no contempla ningún tipo de resarcimiento o reparación por los más de diez años privada de libertad que pasó Teodora, que ni siquiera fue declarada inocente. La lucha feminista persiste en El Salvador como en tantos otros países donde se sigue estigmatizando y revictimizando a las mujeres pobres.